La expansión de la minería ilegal continúa destruyendo zonas de Huánuco y Ucayali, donde extensas áreas de bosques, ríos y centros poblados han sido reemplazadas por campamentos improvisados y maquinaria pesada. En recientes intervenciones realizadas al amanecer en el río Pachitea, las autoridades hallaron dragas y equipos operando sin control, mientras pobladores expresaban respaldo a estas actividades debido a la ausencia de servicios estatales.
En este contexto, miembros de la Marina de Guerra, junto a fiscales ambientales, realizaron operativos en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca. Según expusieron en el reportaje televisivo, las mafias del oro ilegal ejercen control sobre accesos, maquinaria y rutas fluviales, consolidando un corredor minero que se expande desde hace tres años. Estas intervenciones evidenciaron motores de gran potencia, alfombras impregnadas con mercurio y estructuras usadas para extraer oro del lecho del río, de acuerdo con lo señalado por los efectivos participantes.
Los patrullajes aéreos, terrestres y fluviales permitieron identificar balsas activas, zonas deforestadas y campamentos donde los mineros permanecen junto a los equipos que emplean para remover tierra y sedimentos de forma constante. Conforme relataron los agentes, en algunos casos los operadores escaparon hacia la selva al notar la presencia de la autoridad, dejando evidencias del uso de mercurio y de la alteración de cauces naturales. En la intervención también se detectaron sistemas de internet satelital presuntamente empleados para vigilar y alertar sobre los operativos.
Se extiende el daño ambiental y social
Imágenes satelitales mostradas en el informe revelan el cambio acelerado del paisaje desde enero de 2022 hasta noviembre de este año. De acuerdo con la información presentada por el equipo periodístico, extensos bosques primarios han sido reemplazados por lagunas de agua turbia y suelos removidos, configurando un daño que especialistas calificaron como irreversible en plazos que superarían los cien años. Además, se indicó que ríos y quebradas ahora siguen rutas artificiales debido a la alteración del terreno, afectando el ecosistema y la vida acuática.
En un recorrido hacia Pampas Verdes, Nazaret y Tahuantinsuyo, las patrullas hallaron maquinaria pesada lista para operar, tolvas, tuberías y campamentos que ya no corresponden a un centro poblado tradicional. Voceros ambientales mencionaron que la depredación observada responde a actividades instaladas sobre zonas forestales y áreas protegidas, fenómeno que atribuyeron a la falta de vigilancia sostenida y a la aceptación social generada por necesidades económicas insatisfechas.
La minería ilegal y su raíz social
Durante el desplazamiento, un grupo de más de cuarenta pobladores bloqueó el paso de la autoridad. Según expresaron ante las cámaras, la minería —a la que calificaron como informal— les permite acceder a caminos, apoyo comunitario y mejoras en infraestructura educativa. Sostuvieron que, pese a sus pedidos, el Estado no habría atendido sus necesidades básicas, lo que explicaría el apoyo que reciben quienes operan en la zona. Esta postura fue destacada por el reportaje como un reflejo del vacío estatal y el crecimiento de economías ilegales que reemplazan servicios públicos.
Representantes ambientales entrevistados advirtieron que la minería ilegal mueve más de 12 millones de soles al año, cifra superior a otras actividades ilícitas como el narcotráfico. Según indicaron, esta economía genera corrupción, violencia y evasión fiscal, afectando la capacidad del Estado para financiar obras de infraestructura y servicios esenciales. También se mencionó que, en los últimos años, iniciativas legislativas han favorecido la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo que, según el reportaje, no ha logrado detener el avance de esta actividad.
Escalamiento del problema y débil respuesta estatal
Las fuerzas armadas y el Ministerio Público destruyeron dragas y motores durante los operativos, pero reconocieron que estas acciones resultan insuficientes frente al crecimiento acelerado de las mafias. Autoridades entrevistadas señalaron que existen 10 a 12 zonas del país con potencial para replicar escenarios similares al de Madre de Dios si no se actúa con mayor contundencia.
El informe concluye que el incremento del crimen organizado está directamente vinculado al dinero que circula fuera del marco legal, mientras comunidades enteras se incorporan a estas economías en ausencia de alternativas. Esta situación, según lo expuesto, evidencia un círculo vicioso: la minería ilegal prospera en regiones donde el Estado no llega, y a la vez impide que el Estado genere ingresos para atender a esas mismas zonas.
