La reciente decisión de la administración Trump de prescindir de personal clave en programas de salud internacional ha generado alarma, particularmente en lo que respecta al tratamiento y prevención del VIH/SIDA en poblaciones vulnerables. La salud materna infantil, un pilar fundamental en la lucha contra la pandemia, se ve amenazada por esta reestructuración que afecta directamente a más de medio millón de niños y seiscientas mil mujeres embarazadas con VIH en países de bajos ingresos. Esta acción ocurre en un contexto global donde los avances en la reducción de la transmisión vertical del VIH (de madre a hijo) se consideran cruciales para alcanzar los objetivos de ONUSIDA de erradicar la epidemia para 2030.
Según la investigación publicada por The New York Times, estos despidos y reasignaciones se produjeron durante una “reorganización caótica” dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Los equipos de expertos encargados de la gestión y ejecución de programas vitales, diseñados para prevenir la transmisión del VIH de madres a recién nacidos y proporcionar tratamiento a niños infectados, han sido desmantelados.
Aunque se sabía de la pérdida de algunos miembros del personal dedicados a la prevención del VIH en el extranjero, la magnitud total de la reestructuración ahora está saliendo a la luz. El reportaje revela que todos los expertos en la materia han sido despedidos o están a la espera de ser reasignados desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Estos programas de salud materna siguen recibiendo financiación a través del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), una iniciativa bipartidista que ha salvado millones de vidas. Sin embargo, la falta de personal capacitado para gestionar estas iniciativas y distribuir los fondos plantea serias dudas sobre la continuidad de las labores. PEPFAR, desde su creación en 2003, ha sido clave para proporcionar acceso a tratamiento antirretroviral y servicios de prevención en países de África y otras regiones afectadas por la epidemia.
Ante la falta de respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos a las solicitudes de comentarios, la incertidumbre persiste. Un funcionario de salud federal, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, expresó su preocupación y esperanza de que esta situación sea un error que pueda corregirse, subrayando la importancia de mantener el enfoque en el tratamiento de madres e hijos dentro de las prioridades de PEPFAR.
Las consecuencias de estos despidos podrían ser devastadoras. La situación en África subsahariana, donde un niño menor de 15 años muere de SIDA cada siete minutos, es especialmente preocupante. La interrupción de los programas de prevención y tratamiento podría revertir los avances logrados en la reducción de la mortalidad infantil relacionada con el SIDA y obstaculizar los esfuerzos por controlar la epidemia a nivel global. La eliminación de estos puestos clave amenaza directamente la capacidad de proporcionar la atención necesaria a las poblaciones más vulnerables.
