La Asociación de Fiscalización y Proyección para la Prosperidad de Amarilis presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Huánuco, señalando presuntas irregularidades en la designación de una trabajadora de la Red de Salud Huánuco. Según el documento remitido el 29 de octubre, una técnica en enfermería habría sido designada como jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, pese a no contar con el título profesional exigido para el cargo.
Asociación ciudadana acusa nombramiento ilegal de cargo público
De acuerdo con la denuncia, la servidora identificada como Yudi Yovana Pillco Primo, nombrada en 2015 como técnica en enfermería, fue designada el 1 de agosto de 2025 como jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Red de Salud Huánuco. El cargo, según el Manual de Organización y Funciones (MOF) institucional, requiere un abogado titulado y colegiado, condición que la denunciada no cumpliría.
La Asociación sostiene que la funcionaria viene emitiendo opiniones legales, firmando documentos oficiales y participando en procesos administrativos y disciplinarios, acciones que —según el colectivo— podrían configurar el delito de usurpación de funciones públicas. “No se trata de una encargatura temporal, sino del ejercicio pleno de una función jurídica sin respaldo profesional”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Funcionarios del sector Salud también son señalados por presunta designación irregular
La denuncia también alcanza a tres altos funcionarios de la Red de Salud Huánuco, a quienes se atribuye presunta responsabilidad en el nombramiento ilegal de cargo público:
* C.D. Luis Alberto Macha Aiquipa, director ejecutivo.
* Econ. Filomena Verde Mallqui, jefa de Recursos Humanos.
* C.P.C.C. Joel Enrique Huaranga Cisneros, director administrativo.
Según el texto, estos funcionarios habrían autorizado o suscrito la resolución que permitió la designación de la trabajadora, vulnerando los principios de mérito, capacidad y legalidad previstos en la Constitución Política del Perú y en la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley N.° 27815).
Fiscalía evaluará presunta usurpación de funciones y perjuicio administrativo
El colectivo ciudadano invoca los artículos 381° y 361° del Código Penal, referidos a los delitos de nombramiento ilegal y usurpación de funciones, que contemplan penas de hasta siete años de prisión. Además, solicita que la Fiscalía recabe todos los documentos firmados por la servidora desde agosto, verifique su situación contractual y constate si continúa ejerciendo funciones jurídicas dentro de la entidad.
La denuncia incluye como medios probatorios las resoluciones de nombramiento y designación, así como el cronograma de cambio de grupo ocupacional, cuya actualización —según la Asociación— nunca se concretó. También se pide constatar la existencia de una resolución de teletrabajo parcial otorgada a la funcionaria, lo que podría haberle permitido desempeñar funciones legales sin control presencial.
Colectivo ciudadano pide transparencia y respeto al principio de mérito en la gestión pública
La Asociación denunciante sostiene que el caso representa un precedente negativo en la gestión pública regional, al permitir que servidores sin formación especializada asuman cargos técnicos y jurídicos. “El respeto al principio de legalidad y a la carrera pública es esencial para garantizar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, afirmó el colectivo en su pronunciamiento.
