Juan Alcántara Medrano, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, asumió el cargo el pasado 14 de mayo en medio de severas críticas por su historial profesional. Su cercanía con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha sido uno de los primeros cuestionamientos, dado que este último es señalado por su influencia en varias designaciones dentro del Gobierno.
Sin embargo, el principal foco de atención gira en torno a su desempeño como fiscal. Alcántara fue fiscal provincial titular en Junín desde 2005, pero en 2014 el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió no ratificarlo por considerar que no cumplía con los estándares de conducta ni de idoneidad exigidos para el cargo. La decisión se basó en múltiples sanciones disciplinarias, decenas de quejas y denuncias, así como deficiencias en sus indicadores de gestión.
De manera particular, el CNM recogió denuncias de la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, que cuestionaban su accionar en tres casos donde los procesados estaban implicados con importantes cantidades de clorhidrato de cocaína o precursores químicos. En uno de ellos, no solicitó medida alguna sobre un vehículo intervenido con 20 kilos de droga; en otro, opinó a favor de la devolución de un camión con mil kilos de ácido sulfúrico; y en un tercero, apoyó el archivamiento de un caso con 21 kilos de cocaína.
El CNM concluyó que su accionar revelaba un comportamiento “benevolente” hacia imputados por tráfico de drogas y que su rendimiento en dictámenes y expedientes estaba por debajo del promedio exigido.
En respuesta, el ministro Alcántara afirmó que su no ratificación fue una medida administrativa basada en criterios de confianza, sin que implicara comisión de ilícitos. Alegó también haber trabajado en condiciones de sobrecarga fiscal. Sin embargo, su apelación fue rechazada.
