Un informe de la Contraloría General de la República revela que Grika Asayag O’besso, exasesora y amiga cercana de la presidenta Dina Boluarte, presentó documentos falsos e inexactos para ocupar un cargo administrativo en la Secretaría Técnica del Despacho Presidencial. Este caso, basado en información proporcionada por Josué Chávez Cardoza para La República, pone en entredicho los procesos de contratación del Gobierno y expone a Asayag a investigaciones penales por falsificación de documentos y otras irregularidades.
El Caso de Grika Asayag: Documentos Falsos y Contratación Irregular
Según el informe de Contraloría, Asayag presentó seis certificados de estudios de dos institutos para justificar su capacidad para el cargo: el Instituto Beta Computer y el I.E.S.T.P Virginia Henderson. Sin embargo, la investigación reveló que tres de los certificados eran inexactos y los otros tres fueron desconocidos por los supuestos directores que figuraban como firmantes.
Instituto Beta Computer
Asayag presentó certificados que indicaban haber cursado:
- Técnico Administrativo
- Computación e Informática
- Administración en Especialidad Informática
Los documentos fueron supuestamente firmados por Gerónimo Blas Chávez, director del instituto. Sin embargo, se encontraron varias irregularidades:
- Falta de respaldo documental: Blas Chávez no pudo proporcionar registros de matrículas ni actas de evaluación, alegando un robo de documentación durante el traslado de archivos.
- Inconsistencia en el registro oficial: El Ministerio de Educación (MINEDU) confirmó que los cursos “Técnico Administrativo” y “Computación e Informática” no están registrados en su base de datos. Además, Blas Chávez asumió como director en marzo de 2021, lo que pone en duda la validez de los certificados emitidos antes de esa fecha.
I.E.S.T.P Virginia Henderson
En este instituto, Asayag afirmó haber cursado:
- Traslado y Seguridad del Paciente Covid-19
- Bioseguridad en Tiempo de Covid-19
- Paramédico
Roberto Tejada Estrada, quien figura como director en los certificados, desmintió rotundamente haber firmado esos documentos. En declaraciones a la Contraloría, aseguró: “No suscribí ninguno de esos certificados, no he tenido ni tengo ningún vínculo con dicha institución”.
Además, Tejada Estrada señaló que en la época en la que se emitieron los certificados, él estaba privado de su libertad y luego bajo detención domiciliaria, situación confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Tejada también anunció que tomará acciones legales contra Grika Asayag por el uso de su nombre y la falsificación de su firma.
Fallas en el Proceso de Contratación
La Contraloría detectó múltiples irregularidades en la contratación de Asayag para el Despacho Presidencial. Según la Ley de Contrataciones del Estado, el proceso debió incluir al menos dos postores; sin embargo, solo se convocó a Asayag, lo que viola los principios de transparencia y competencia.
Asimismo, la supervisión de la contratación no fue realizada por los responsables de la Oficina de Abastecimiento, Víctor Fernando Pereyra Vega y Klaus Meyer Chagua Tucto, quienes debían organizar, dirigir y supervisar el proceso.
La orden de servicios N.º 0000014, por un monto de S/6,000, fue adjudicada directamente a Asayag sin cumplir con los estándares legales, afectando la correcta gestión pública.
Reacciones y Consecuencias Legales
Grika Asayag está siendo investigada por los presuntos delitos de:
- Falsificación y uso de documento privado falso.
- Falsa declaración en procedimiento administrativo.
- Nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo.
El caso también ha generado cuestionamientos hacia el Despacho Presidencial, ya que la relación cercana entre Asayag y Dina Boluarte plantea dudas sobre posibles conflictos de interés en su contratación.
Impacto en la Credibilidad del Gobierno
Este caso pone en evidencia la falta de controles en los procesos de contratación dentro del Despacho Presidencial y plantea serias interrogantes sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Además, la confirmación de irregularidades por parte de la Contraloría fortalece la percepción de que el Gobierno de Dina Boluarte enfrenta serios problemas de integridad y gobernanza.
Conclusión: Justicia en Marcha
La investigación de la Contraloría y las denuncias presentadas contra Grika Asayag marcan un paso importante hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, este caso subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de supervisión y transparencia en las contrataciones públicas, especialmente en instituciones tan sensibles como el Despacho Presidencial.
La resolución de este caso será clave no solo para determinar las responsabilidades de Asayag, sino también para evaluar el compromiso del Gobierno con la legalidad y la lucha contra la corrupción
