El juez superior titular de la Sala Civil, Samuel Santos Espinoza, fue amedrentado a través de una llamada a su teléfono celular por un sujeto que no quiso identificarse. Este le refirió que extraños lo esperaban cerca de su vivienda para matarlo. El caso ocurrió ayer cuando se disponía a acudir a su centro de labores.
El magistrado explicó que, a las 6:47 a. m., tuvo dos llamadas perdidas del n.º 062 28 6001 y otro del n.º 062 51 1933. A las 7:42, ingresó otra llamada del n.º 062 51 6591. Cuando contestó le cortaron la llamada. Finalmente, de nuevo recibió otra llamada del n.º 062 51 1933. En una conversación, que duró un minuto y 13 segundos, el individuo, que evitó dar su identidad, argumentando que “está arriesgando su pellejo”, le manifestó del supuesto atentado.
“Dr. Santos, yo lo conozco. Sé que usted es una buena persona. No salga de su domicilio porque lo están esperando en los parques cercanos a su casa para matarlo. Son gente de Tingo María. No salga porque lo van a matar. Que Dios le bendiga”, habría sido la advertencia del desconocido.
Policías de Departamento de Investigación Criminal (Depincri), tras ser alertados del hecho, llegaron al domicilio del juez y redactaron el acta correspondiente y luego lo custodiaron hasta su centro de trabajo en la Corte de Huánuco.
Santos Espinoza refirió que nunca antes tuvo problemas ni recibió amenazas de ese tipo, pese a que en años anteriores trabajó mucho tiempo en la Sala Penal, donde resolvió casos de tráfico de drogas, violaciones, robo agravado, entre otros.
Medidas de
seguridad
Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Huánuco, César Gonzales Alvarado, refirió: “Se está equivocando de persona. El doctor Santos es un magistrado íntegro que se dedica con seriedad, responsabilidad, honestidad y transparencia a sus labores jurisdiccionales. Su vida personal es intachable”.
Calificó de cobarde al sujeto que trató de amedrentarlo ocultándose detrás del teléfono. Adelantó que solicitará a la Policía Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio Público las investigaciones correspondientes para identificar a los autores y, asimismo, garantizar la integridad física del magistrado.
