La desconfianza se ha instalado como un sentimiento común entre la ciudadanía. Cada nuevo proyecto público, cada obra anunciada y cada adquisición de bienes por parte de funcionarios despierta más dudas que certezas. No es casualidad: el historial de incumplimientos, retrasos y silencios institucionales ha erosionado la credibilidad de las autoridades, que hoy se enfrentan a una población cada vez más escéptica.
El problema no radica únicamente en las denuncias que circulan, sino en la ausencia de respuestas claras y oportunas. Según señalan diversos consejeros regionales y organizaciones sociales, en Huánuco se han detectado obras paralizadas por años, presupuestos sin ejecutar y promesas incumplidas que superan los cien millones de soles. Ante ese panorama, la fiscalización debería ser una herramienta que devuelva confianza. Sin embargo, la percepción extendida es que ni la Fiscalía ni los órganos de control cumplen de manera suficiente con su tarea de vigilar y sancionar.
La Fiscalía sostiene de manera recurrente que mantiene procesos abiertos y seguimientos a las autoridades. No obstante, los avances se muestran lentos y poco visibles para la ciudadanía. Esta opacidad genera un círculo vicioso: la sociedad sospecha, pero el Estado no aclara. Como resultado, cualquier obra pública se percibe como un espacio potencial de irregularidad, aunque no existan pruebas concluyentes.
La Contraloría, por su parte, ha ejecutado operativos recientes en salud e infraestructura, revelando deficiencias graves en hospitales y proyectos viales. Estos hallazgos, aunque valiosos, no han derivado todavía en medidas ejemplares que frenen la reincidencia. La falta de sanciones inmediatas debilita el mensaje de control y alimenta la percepción de impunidad.
La duda no solo afecta a las autoridades; afecta sobre todo al ciudadano. Cada carretera inconclusa, cada hospital a medio construir y cada maquinaria abandonada refuerza la idea de que el dinero público no está protegido. Esa percepción erosiona la relación entre Estado y sociedad, y crea un terreno fértil para la desafección política y el descrédito de toda gestión pública.
El país no puede permitirse normalizar la sospecha como única forma de vigilancia. Es urgente que las instituciones encargadas de la fiscalización —Fiscalía, Contraloría y órganos de control regional— actúen con mayor rigor, informen con transparencia y ofrezcan resultados verificables. Solo así será posible comenzar a revertir la crisis de confianza que hoy condiciona toda acción pública.
