El proceso electoral peruano se fortalece con una medida reciente que busca garantizar la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha oficializado la eliminación del pago de S/46.20, una tasa que anteriormente se requería para iniciar el trámite de desafiliación de una organización política cuando se alegaba afiliación indebida. Esta decisión, materializada a través de la Resolución Nº 000073-2025-P/JNE, representa un avance significativo en la simplificación de los procedimientos administrativos electorales.
Según la investigación publicada por El Comercio, la medida busca evitar que los ciudadanos soporten los costos derivados de errores o prácticas irregulares en la afiliación partidaria.
La resolución, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, pone de manifiesto la preocupación del JNE por garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Anteriormente, la imposición de una tasa para rectificar una afiliación no consentida podría haber actuado como una barrera burocrática, limitando la capacidad de los ciudadanos para corregir situaciones irregulares en sus registros electorales. La eliminación de esta tasa se alinea con los principios de transparencia y accesibilidad que deben regir los procesos electorales.
La norma también establece la necesidad de modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del JNE, adaptándolo a la nueva realidad y eliminando la referencia al cobro de la tasa exonerada. Este ajuste es fundamental para asegurar la coherencia y la claridad en los procedimientos administrativos del organismo electoral, evitando confusiones y garantizando que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera informada y eficiente.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha sido un firme defensor de esta medida, argumentando que el costo de subsanar las afiliaciones indebidas no debe recaer en los ciudadanos. Asimismo, Burneo ha informado que el JNE ha presentado denuncias ante el Ministerio Público contra aquellas organizaciones políticas que presuntamente han incurrido en la presentación de planillones con firmas no autorizadas, un delito electoral grave que atenta contra la integridad del proceso democrático. Cabe recordar que la ONPE es la encargada de verificar las firmas presentadas por los partidos políticos en sus procesos de inscripción y afiliación.
El JNE ha instado a las organizaciones políticas a optimizar sus procesos de afiliación, con el objetivo de asegurar que la voluntad real de los ciudadanos se vea reflejada en sus registros partidarios. Esto implica implementar mecanismos de control más rigurosos, verificar la autenticidad de las firmas y garantizar que los ciudadanos estén debidamente informados sobre las implicaciones de su afiliación a un partido político. La reciente Ley Orgánica de Elecciones, modificada en el 2023, busca precisamente reforzar estos mecanismos de control.
Finalmente, es importante destacar que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) juega un papel crucial en este proceso, ya que es la entidad encargada de mantener actualizado el registro de ciudadanos y de proporcionar la información necesaria para la verificación de las afiliaciones partidarias. La coordinación entre el JNE, la ONPE y el RENIEC es fundamental para garantizar la transparencia y la integridad de los procesos electorales en el Perú.
