La crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos ha generado flujos migratorios complejos y políticas de externalización del control migratorio, impactando a países como Panamá. Estas políticas, a menudo implementadas bajo acuerdos bilaterales, buscan gestionar el ingreso irregular de personas que aspiran a solicitar asilo o establecerse en EE.UU. Este fenómeno ha suscitado controversia y preocupación entre organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales.
Deportaciones recientes por parte de Estados Unidos a Panamá, donde un grupo de casi cien migrantes fue inicialmente confinado en un hotel, culminaron con su traslado a un campamento de detención en las afueras de la selva panameña, según testimonios de varios de los afectados.
Según el reportaje de The New York Times, la incertidumbre rodea la duración de la detención de este grupo, deportado bajo las políticas migratorias de la administración Trump.
Las condiciones en el campamento son descritas como “precarias” por los detenidos. Enfermedades endémicas como el dengue son comunes en la región, y el acceso a periodistas y organizaciones de ayuda humanitaria ha sido restringido por el gobierno panameño. Artemis Ghasemzadeh, una migrante iraní de 27 años, relató que el lugar se asemeja a un “zoológico con jaulas cercadas”, tras un trayecto de cuatro horas desde la Ciudad de Panamá. La migrante también denunció que la alimentación es escasa y de mala calidad, obligándolos a dormir en el suelo. El grupo incluye ocho niños, según fuentes no autorizadas. Abogados señalan la ilegalidad de la detención en Panamá por más de 24 horas sin orden judicial, de acuerdo con “la legislación panameña”.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Ruiz-Hernández, confirmó el traslado de 97 personas al campamento, pero negó que se tratara de un centro de detención, afirmando que es un “campamento migratorio” donde se les brindará atención. Aseguró que el gobierno considera esta la mejor opción para albergar a los migrantes, garantizando acceso a alimentos, agua, atención médica y psicológica. Negó además la existencia de jaulas. En una entrevista, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, justificó la retención de los migrantes “para su propia protección” y para “verificar su identidad”.
Este traslado es el episodio más reciente en una serie de eventos que involucran a cerca de 300 migrantes que llegaron a Estados Unidos buscando asilo. Fueron enviados a Panamá como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense para deportar a migrantes indocumentados. Este acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump para “externalizar los desafíos migratorios” a otros países. Aunque EE. UU. tiene dificultades para deportar personas a países como Afganistán, Irán y China, ha ejercido presión sobre Panamá para que acepte a algunos de ellos. Analistas indican que Panamá también enfrenta presiones relacionadas con el Canal de Panamá y las relaciones con China. Tras ser enviados a Panamá, los migrantes ya no están sujetos a las leyes estadounidenses.
Costa Rica también está recibiendo deportados, incluyendo migrantes de Asia Central e India, con planes de repatriarlos. Un vuelo desde Estados Unidos con deportados estaba previsto para llegar a Costa Rica el jueves. A su llegada a la Ciudad de Panamá, los migrantes fueron llevados a un hotel, donde se les impidió salir. Una abogada que intentaba representarlos, Jenny Soto Fernández, fue bloqueada repetidamente para visitarlos en el hotel. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han estado en contacto con los migrantes, ofreciendo vuelos de regreso a sus países de origen a quienes lo deseen. Sin embargo, algunos, incluyendo cristianos iraníes y un hombre de China, temen represalias si regresan a sus países y se niegan a firmar documentos que faciliten su repatriación. La conversión del Islam se castiga con la muerte en Irán.
La publicación de un artículo sobre la situación de los migrantes atrajo la atención de los medios panameños y la presión mediática obligo a las autoridades a actuar. Los traslados fueron realizados en autobuses hacia la provincia de Darién, guiados por la ubicación en tiempo real enviada por los migrantes con sus teléfonos móviles. El campamento de San Vicente, destino final, se ubica al final de la selva del Darién, utilizada históricamente como punto de tránsito para migrantes que viajan hacia el norte desde Colombia. El gobierno panameño está utilizando ahora estas instalaciones para albergar a los deportados. Las autoridades panameñas reconocen la problemática de la migración irregular en la región, pero buscan soluciones coordinadas con otros países.
