La deportación masiva de migrantes por la administración Trump ha generado una crisis humanitaria en Panamá, donde cientos de personas se encuentran varadas sin recursos ni apoyo. La situación pone de manifiesto las consecuencias de las políticas migratorias restrictivas y la falta de cooperación internacional para abordar el problema. La llegada de estos migrantes ha tensionado los recursos limitados del país centroamericano, ya afectado por desafíos económicos y sociales preexistentes. Recordemos que en 2024, la ONU ya había advertido sobre el incremento de desplazamientos forzados debido a factores climáticos y conflictos armados, situación que esta deportación masiva agudiza.
Según la investigación publicada por The New York Times, los primeros autobuses con migrantes recién liberados llegaron este mes a la Ciudad de Panamá desde un campamento de detención al borde de una selva, revelando que tres personas estaban visiblemente enfermas. Un abogado informó que uno necesitaba tratamiento para el VIH, otro se había quedado sin insulina y un tercero sufría convulsiones.
La confusión, el caos y el temor dominaban la escena. «¿Qué voy a hacer?», se preguntaba un migrante en voz alta. «¿A dónde voy a ir?». Estas son las interrogantes que enfrentan decenas de migrantes deportados a Panamá el mes pasado por la administración Trump, como parte de sus amplios esfuerzos para expulsar a millones de personas de los Estados Unidos. El gobierno panameño, inicialmente, había confinado al grupo de aproximadamente 300 personas en un hotel, medida que generó controversia. Posteriormente, aquellos que no aceptaron la repatriación a sus países de origen fueron trasladados a un campamento vigilado en la periferia de una selva, evidenciando la precariedad en la gestión de esta crisis migratoria.
Tras una demanda y la protesta de organizaciones de derechos humanos, las autoridades panameñas liberaron a los deportados, trasladándolos de nuevo a la Ciudad de Panamá. Sin embargo, esta liberación no ha resuelto el problema, sino que ha expuesto la falta de una solución sostenible para estas personas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado su preocupación por la situación y ha instado a los países de la región a colaborar para brindar asistencia y protección a los migrantes.
Los migrantes restantes, provenientes de Irán, Afganistán, Camerún, Etiopía, Uzbekistán y otros lugares, ahora están libres pero abandonados en un país que no los quiere. Muchos duermen en un gimnasio escolar puesto a disposición por un grupo de ayuda, sin una idea clara de qué hacer a continuación. Esta situación refleja la urgente necesidad de un enfoque coordinado y humanitario para abordar la migración, en lugar de políticas punitivas que solo exacerban el sufrimiento y la vulnerabilidad de las personas.
La falta de acceso a servicios básicos como atención médica y alojamiento digno agrava aún más la situación de estos migrantes, quienes ya han enfrentado largos y peligrosos viajes en busca de seguridad y una vida mejor. Las organizaciones de la sociedad civil están haciendo esfuerzos para brindar asistencia, pero se necesitan más recursos y un compromiso político firme para garantizar la protección de los derechos humanos de estas personas.
