Este viernes 13 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República realizará una sesión extraordinaria para evaluar las denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. Según el informe de Mauricio Muñoz publicado en el portal La República, estas denuncias, interpuestas por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, se centran en dos casos de gran repercusión: el caso Rolex, relacionado con presuntos sobornos, y las muertes ocurridas durante las protestas contra el Gobierno entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La sesión está programada para las 11:30 a.m. y podría marcar un punto crucial en las investigaciones sobre las acciones de la mandataria y otros funcionarios de alto rango durante su gestión.
El caso Rolex: cohecho pasivo impropio
La primera denuncia, identificada como denuncia constitucional 492, señala que Dina Boluarte habría cometido cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 394 del Código Penal. Según Villena, la presidenta aceptó relojes de lujo de la marca Rolex de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de supuestos favores políticos y beneficios personalizados.
Villena sustenta su acusación en investigaciones periodísticas que han documentado cómo la mandataria fue vista utilizando estos relojes en varias ocasiones. “El uso público de estos artículos refuerza la hipótesis de que estos bienes fueron aceptados bajo condiciones ilícitas”, señaló el exfiscal.
Las muertes en protestas y la responsabilidad presidencial
La segunda denuncia, registrada como denuncia constitucional 509, está relacionada con las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte a finales de 2022. Esta acusación no solo apunta a la presidenta, sino que también involucra a figuras clave de su gabinete, como el exprimer ministro Pedro Angulo y el exministro de Defensa Alberto Otárola, así como a otros exministros, incluidos César Cervantes, Jorge Luis Chávez, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Villena argumenta que Boluarte incumplió su deber de proteger la vida y los derechos humanos de los ciudadanos, a pesar de tener conocimiento de los riesgos asociados con el uso excesivo de la fuerza. Según sus declaraciones, la presidenta fue alertada de manera constante por informes de Inteligencia, reuniones con altos mandos policiales y consultas con sus ministros. “La mandataria tenía pleno conocimiento de los abusos y de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo”, afirmó Villena.
Los delitos señalados en esta denuncia incluyen homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, amparados en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal.
La votación en la SAC
El 22 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizó una votación preliminar para admitir la denuncia por homicidio calificado, lesiones graves y leves contra Dina Boluarte. La propuesta fue aceptada con el respaldo de 13 miembros, mientras que 6 congresistas votaron en contra. Entre los opositores se encuentran legisladores como Víctor Flores, Nilza Chacón y Martha Moyano, todos de Fuerza Popular, así como otros representantes de Alianza para el Progreso y Renovación Popular.
Uno de los congresistas que apoyó la admisión, cuya identidad no fue revelada, declaró: “La responsabilidad de la presidenta no puede quedar sin investigación. Las muertes de ciudadanos en protestas no pueden ser tratadas como cifras; son vidas que el Estado debía proteger”.
Implicancias políticas y jurídicas
La evaluación de estas denuncias en la SAC tiene implicancias significativas para la estabilidad política del país. Si bien la sesión del 13 de diciembre no determinará la culpabilidad de la mandataria, podría dar pie a un proceso de mayor envergadura que involucre no solo a Dina Boluarte, sino también a otros actores clave de su gestión.
Expertos legales señalan que las acusaciones por cohecho pasivo y homicidio calificado son graves y podrían derivar en sanciones tanto políticas como penales si se encuentran suficientes pruebas. Sin embargo, también advierten que el proceso enfrenta desafíos relacionados con la politización del Congreso y la capacidad de obtener evidencia concluyente.
Perspectivas y reacciones
Diversos sectores políticos y sociales han expresado opiniones encontradas sobre las denuncias. Mientras algunos consideran que estas investigaciones son esenciales para garantizar la rendición de cuentas, otros las ven como un intento de desestabilizar al gobierno de Boluarte.
Un representante de una organización de derechos humanos, que prefirió no ser identificado, comentó: “Es fundamental que estas denuncias sean investigadas con transparencia y justicia. Las víctimas de las protestas merecen respuestas, y los ciudadanos tienen derecho a saber si su presidenta ha cometido irregularidades”.
Por su parte, el abogado de Dina Boluarte ha rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas y políticamente motivadas. “La presidenta ha actuado siempre dentro del marco de la ley, y estas denuncias no tienen sustento real”, declaró.
Conclusión
El desenlace de estas evaluaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales será determinante para la trayectoria política de Dina Boluarte y su gobierno. La atención pública está puesta en las decisiones que tome el Congreso y en cómo estas impactarán la percepción ciudadana sobre la transparencia y responsabilidad del Ejecutivo.
