Abogado asegura que pretendería anular de oficio proceso de resignación para que pasen a régimen permanente
Anuncian que denunciarán a mandatario regional y funcionarios por abuso de autoridad
Afirma que disposición sería ilegal y exigen que caso sea archivado
En un giro sorprendente y controvertido, el Gobernador Regional de Huánuco, Antonio Pulgar, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado de intentar despedir a 65 trabajadores bajo el régimen CAS-COVID. Ángel Lazo, abogado representante de los trabajadores afectados, anunció que presentará una denuncia penal por abuso de autoridad contra el gobernador y otros funcionarios regionales.
“Vamos a presentar una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad contra el gobernador, el jefe de recursos humanos de la Diresa, el director de la Diresa y el jefe regional de Desarrollo Social”, declaró Lazo. El abogado asegura que la medida es ilegal y exige que el caso sea archivado.
La denuncia se produce a pesar de que el Congreso de la República aprobó una norma el año pasado que permite a los trabajadores CAS-COVID pasar a un régimen laboral permanente. “El proceso de despido ya ha comenzado. Nos han notificado y están esperando nuestras respuestas. Exigimos que las autoridades reconsideren y archiven este caso, ya que su proceder es ilegal”, declaró Lazo.
Lazo también anunció que presentarán una medida cautelar en caso de que el Gobierno Regional de Huánuco haga efectiva la revocación del contrato de los 65 trabajadores a través de una resolución regional. “Ellos todavía no han sido despedidos, pero ya se inició el proceso de despido, porque ya nos han notificado y esperan nuestros descargos”, explicó.
Anulación de oficio
Lazo también anunció que presentarán una medida cautelar en caso de que el Gobierno Regional de Huánuco haga efectiva la revocación del contrato de los 65 trabajadores a través de una resolución regional. “Ellos todavía no han sido despedidos, pero ya se inició el proceso de despido, porque ya nos han notificado y esperan nuestros descargos, por eso pedimos que las autoridades reflexionen, se den cuenta que su proceder es ilegal y archiven el caso”, explicó.
Según el abogado, la administración regional, incapaz de realizar nuevas contrataciones en el sector salud debido a la ocupación de puestos, busca anular de oficio el proceso de reasignación de estos trabajadores. “Esto es especialmente indignante, considerando que muchos de estos trabajadores han sacrificado tiempo con sus familias e incluso han perdido la vida durante la pandemia”, añadió Lazo.
El letrado explicó que la disposición del gobernador está siendo coordinada por Aldo Reyes Viviano, Gerente Regional de Desarrollo Social, y Rollin Cruz Malpartida, Jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa).
Requisitos y legalidad en juego
Lazo argumentó que la exigencia de requisitos adicionales por parte del Gobierno Regional de Huánuco es ilegal. “La resolución ministerial n° 676-2022-Minsa establece como único requisito haber trabajado bajo contrato CAS-COVID-2019 durante un período de 9 meses hasta el 31 de julio de 2022. Todos los trabajadores afectados cumplen con este requisito”, afirmó.
Notificación irregular
El abogado también señaló irregularidades en el proceso de notificación, alegando que no se ha incluido un informe técnico del área de recursos humanos de la Diresa, que sería crucial para la defensa de los trabajadores. “Nosotros nos hemos apersonado el viernes pasado, mediante un escrito, pidiendo que nos notifiquen completo, porque dicen que la disposición se ha emitido mediante un informe que ha elaborado recursos humanos de la Diresa, sin embargo, en ningún momento nos han notificado dicho informe para asumir la defensa de los trabajadores”, sostuvo.
Agregó que, “Solicitaremos una prórroga una vez que se regularice la notificación. El plazo de cinco días que nos han dado es ilegal, ya que no hemos sido notificados de manera completa”.
Lazo concluyó mencionando que el veredicto final debería ser emitido por el Gobierno Regional de Huánuco a más tardar en la primera quincena de octubre. La ley vigente establece que los trabajadores CAS-COVID deben pasar por un proceso de reasignación para ser incorporados en un régimen laboral permanente.
Dato:
Esta denuncia pone en relieve la tensión entre las autoridades regionales y los trabajadores de la salud, quienes han estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Con vidas y medios de subsistencia en juego, la situación requiere una resolución urgente y justa.
