La congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) fue denunciada penalmente tras ser acusada de provocar afectación psicológica a niñas y adolescentes albergadas en el refugio “La Casa del Padre”, espacio vinculado a su propiedad y que brinda acogida a menores sobrevivientes de violencia sexual.
La denuncia fue presentada por Gahela Cari, postulante al Congreso por la alianza política “Venceremos”, y se sustenta en la difusión de imágenes donde la parlamentaria exhibe públicamente a las menores junto con los bebés nacidos como consecuencia de violaciones sufridas antes de su internamiento. Para la denunciante, este hecho habría expuesto a las víctimas en condición de extrema vulnerabilidad y habría generado un impacto emocional y psicológico grave.
De acuerdo con el documento presentado ante el Ministerio Público, la imputación se basa en declaraciones públicas recogidas por medios nacionales, en las cuales Jáuregui habría reconocido su participación directa en la administración o supervisión del albergue. El refugio acoge a niñas y adolescentes que quedaron embarazadas producto de agresiones sexuales, por lo que el caso adquiere especial sensibilidad y relevancia legal.
La denuncia atribuye a la congresista presuntas omisiones graves relacionadas con la atención integral de las menores. Entre los puntos principales, se señala que no habría garantizado el acceso adecuado a información médica, evaluaciones psicológicas oportunas ni derivación inmediata a servicios especializados de salud.
Asimismo, se advierte que el albergue no habría facilitado condiciones para que las menores recibieran atención que permitiera evaluar el aborto terapéutico, procedimiento permitido en el Perú cuando el embarazo representa un riesgo grave para la salud física o mental de la gestante.
En el documento también se menciona que el funcionamiento del refugio habría favorecido la normalización de una maternidad impuesta en niñas víctimas de violación, sin reconocerlas plenamente como víctimas ni aplicar medidas de protección acordes con su condición. Esta situación, según la denuncia, habría provocado un daño psicológico significativo al reforzar una carga emocional y social que las menores no estaban en capacidad de asumir.
