El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfrenta serias acusaciones de injerencia en la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la filtración de chats que revelan su presunta participación directa en la reorganización de altos mandos policiales, un rol que por ley corresponde exclusivamente al comandante general de la institución. Según información recogida por Mariana Quilca Catacora para Infobae, estas decisiones habrían sido motivadas más por intereses políticos que por la lucha contra la inseguridad ciudadana, poniendo bajo sospecha las verdaderas intenciones del titular del Mininter.
Los mensajes entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, conocido como “Culebra”, sugieren que Santiváñez no solo habría intervenido en traslados y retiros, sino que también contaría con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte y congresistas investigados por corrupción. Este panorama evidencia un preocupante poder fáctico ejercido desde el Ejecutivo sobre una institución clave para la seguridad y estabilidad del país.
Chats comprometedores y abuso de autoridad
Uno de los casos más destacados es el traslado de un general de Lima a Iquitos, dispuesto por el ministro Santiváñez el pasado 4 de junio de 2024. Este cambio, formalizado posteriormente mediante resolución suprema, contrasta con las declaraciones públicas del funcionario, quien insiste en no tener mando directo sobre la PNP. Según el abogado del capitán Izquierdo, José Carlos Mejía, esta intervención constituye indicios claros de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
Además, los chats revelan una lista negra de oficiales considerados “incómodos” para el gobierno, entre ellos el coronel Harvey Colchado, conocido por liderar investigaciones sensibles como el allanamiento en el caso “Rolex”, que involucra a la presidenta Boluarte. Colchado, actualmente relegado a tareas menores, ha sido blanco de sanciones que, bajo las nuevas normativas impulsadas por el Ejecutivo, podrían justificar su retiro definitivo.
Reformas sospechosas en la ley policial
En paralelo, el gobierno de Dina Boluarte ha promovido modificaciones al Decreto Supremo 006-2024, que regula la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP. Estas reformas incluyen la creación de un comité especial para evaluar la “idoneidad” de los efectivos policiales, integrado por figuras cercanas al Ejecutivo. Entre ellas destacan el inspector general Johnny Veliz y el director de inteligencia Augusto Ríos Tiravanti, quienes han sido ascendidos durante la gestión de Santiváñez.
Una de las medidas más cuestionadas es el retiro automático de policías con sanciones por faltas graves o muy graves, un cambio que, según analistas, facilita la salida de efectivos con sanciones menores. Este marco legal, combinado con las decisiones discrecionales del ministro, genera temores de que se esté utilizando la normativa como herramienta para deshacerse de opositores al gobierno.
El respaldo político detrás de Santiváñez
Las revelaciones también destacan el papel de congresistas vinculados al caso “Los Niños”, quienes han promovido reformas que refuerzan el control del Ejecutivo sobre la PNP. Edwin Martínez, legislador de Acción Popular, negó que estas medidas tengan motivaciones políticas, pero reconoció que el proyecto busca “limpiar” la institución. Sin embargo, la cercanía de Santiváñez con algunos parlamentarios investigados genera dudas sobre la verdadera intención detrás de estas iniciativas.
Por su parte, el ministro no ha ocultado sus intenciones de reorganizar la PNP desde que asumió el cargo. En declaraciones previas, aseguró que retiraría a generales que no se alinearan con las políticas de su gestión. Sin embargo, los últimos acontecimientos sugieren que esta estrategia responde más a la protección de intereses particulares que a una mejora en la seguridad ciudadana, principal bandera de su administración.
Presiones políticas y desconfianza institucional
El caso de Harvey Colchado simboliza la creciente tensión entre el Ejecutivo y los altos mandos policiales. Tras liderar investigaciones críticas, como el caso “Rolex” y operativos contra la corrupción, Colchado ha enfrentado múltiples procesos disciplinarios. Entre estos destaca la sanción por una torta de cumpleaños con la imagen de un policía derribando una puerta, hecho que, según fuentes, fue utilizado como pretexto para marginarlo.
Otros nombres en la supuesta lista negra incluyen al coronel Franco Moreno Panta, quien habría incomodado a Palacio al no proporcionar información clave sobre Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y al coronel Walter Lozano, conocido como “Bica”, quien rechazó presuntas ofertas de ascenso vinculadas a favores políticos.
Estas acciones han generado preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre un posible debilitamiento de la independencia policial. “La PNP debe ser una institución autónoma, no un instrumento del poder político”, afirmó un analista consultado por Infobae.
Implicancias para la democracia y la seguridad
El creciente control del Ejecutivo sobre la PNP pone en riesgo no solo la autonomía de la institución, sino también la confianza ciudadana en el sistema de seguridad y justicia. La interferencia política en los altos mandos policiales debilita su capacidad de actuar de manera imparcial y efectiva frente a los problemas del país.
Mariana Quilca Catacora, en su informe para Infobae, destaca que estas prácticas erosionan las bases democráticas y abren la puerta a posibles abusos de poder. La relación entre el ministro del Interior y la presidenta Boluarte, respaldada por congresistas investigados, sugiere un esquema de protección mutua que prioriza intereses personales sobre el bienestar colectivo.
Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad exigen una investigación exhaustiva sobre las decisiones del ministro Santiváñez y su impacto en la PNP. Además, llaman a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones estatales, para evitar que se conviertan en herramientas al servicio de intereses particulares.
Este caso, aún en desarrollo, representa un desafío para el sistema democrático peruano y evidencia la necesidad de garantizar la independencia de las fuerzas de seguridad frente a presiones políticas. Mientras tanto, la ciudadanía observa con inquietud cómo estas disputas internas afectan la lucha contra la inseguridad, uno de los mayores problemas que enfrenta el país.
