Defensoría del Pueblo supervisa instituciones educativas y casos de tala ilegal de árboles
La Defensoría del Pueblo en Huánuco ha puesto en evidencia dos problemáticas de alto impacto en la región: los cobros ilegales en instituciones educativas y la tala indiscriminada de árboles en áreas urbanas. Estas situaciones afectan tanto la economía de los ciudadanos como el medio ambiente local, generando preocupación en la comunidad.
Cobros ilegales en colegios: una práctica recurrente
Cada inicio del año escolar, los padres de familia enfrentan cobros indebidos para garantizar la matrícula de sus hijos en diversas instituciones educativas. Según el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Marco Durand Rocca, se han detectado casos en los que se exige el pago de sumas elevadas para conceptos como limpieza, mantenimiento o alimentación, sin justificación legal.
Uno de los casos más alarmantes se encontró en la institución educativa inicial Niña María, ubicada en el sector de Las Moras, donde se solicitaban hasta 300 soles por alumno bajo distintos conceptos. “Se ha identificado una oficina de la Apafa y otra de la dirección donde los padres deben pagar antes de recibir la vacante para sus hijos, lo cual es completamente ilegal”, señaló Durand.
A pesar de las reiteradas denuncias sobre esta práctica, la UGEL y la Dirección Regional de Educación no han tomado medidas contundentes. “Las justificaciones son siempre las mismas: que falta limpieza, que los servicios higiénicos necesitan mantenimiento, pero los problemas persisten año tras año”, criticó el representante de la Defensoría.
Acciones y advertencias de la Defensoría
Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo ha emitido recomendaciones legales para que estas instituciones cesen los cobros indebidos. “La matrícula debe ser totalmente gratuita y sin condicionamientos”, subrayó Durand. Además, se advirtió que, en caso de reincidencia, se podrían iniciar acciones legales contra los responsables, incluyendo directores y miembros de las Apafa.
Algunas instituciones han acatado las recomendaciones. Por ejemplo, el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes y el Colegio Leoncio Prado han regularizado su proceso de matrícula mediante asambleas con los padres, respetando el marco legal.
Tala indiscriminada en parques de Amarilis
Otro tema que ha generado indignación es la tala ilegal de árboles en parques de Amarilis y Huánuco, realizada sin autorización municipal ni evaluación técnica. La Defensoría del Pueblo denunció que una ciudadana encabezó la tala en un parque de Amarilis, argumentando razones de seguridad y oscuridad en la zona.
Sin embargo, la Municipalidad ha desmentido que se haya otorgado permiso para tal acción. “Todo indica que la persona actuó por capricho o por temor infundado a la delincuencia”, declaró Marco Durand. La Fiscalía de Ecología ha intervenido, y la responsable podría enfrentar sanciones que incluyen hasta seis años de prisión y multas económicas.
Engaño a Electrocentro y falta de control municipal
Durante la tala, se involucró a la empresa Electrocentro, la cual retiró algunas ramas bajo el pretexto de evitar interferencias con cables eléctricos. No obstante, la empresa declaró que actuó a solicitud de la mujer que lideró la tala y no por iniciativa propia. “Se aprovechó de la situación para justificar el daño ambiental”, indicó el comisionado de la Defensoría.
El hecho ha generado críticas hacia la municipalidad por su falta de supervisión y la necesidad de mayor regulación en estos temas. Se destacó que la tala de árboles en plazas o parques históricos, como la Plaza de Armas de Huánuco, ha sido realizada de manera técnica y supervisada por especialistas, a diferencia del caso en Amarilis.
Reforestación y medidas futuras
Según la normativa ambiental, quien tale un árbol debe reforestar con dos ejemplares nuevos, pero en la práctica esta obligación no se cumple. Durante los carnavales, se realizan plantaciones simbólicas, pero sin garantizar un adecuado seguimiento para su crecimiento.
La Defensoría instó a la fiscalía y a los municipios a hacer cumplir la ley, sancionando las talas arbitrarias y asegurando que los ciudadanos respeten la reforestación obligatoria. “Si cada año se talan árboles sin reemplazo, pronto habrá un grave déficit ambiental en el valle del Huallaga”, advirtió Durand.
Conclusión
Los cobros indebidos en instituciones educativas y la tala ilegal de árboles en Huánuco y Amarilis reflejan la falta de control y el incumplimiento de las normativas vigentes. La Defensoría del Pueblo ha intervenido en ambos casos, advirtiendo sanciones legales para quienes persistan en estas irregularidades.
La comunidad espera que tanto las autoridades educativas como municipales asuman un rol más activo para evitar estos abusos, garantizando el derecho a la educación gratuita y protegiendo el medio ambiente para las futuras generaciones.
