En un giro controvertido, el Congreso evalúa iniciar un juicio político contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien recientemente acusó a la presidenta Dina Boluarte en el caso denominado “Rolexgate”. La acusación de Villena, que implica un presunto cohecho por parte de Boluarte tras recibir relojes Rolex del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ha provocado una fuerte reacción en el ámbito político.
El ciudadano Jhon Carlos Lopez Goicochea ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal Villena, argumentando que este cometió una infracción del artículo 117 de la Constitución, que protege al presidente en funciones contra acusaciones por delitos comunes o complejos. Según este artículo, solo se puede acusar al presidente por delitos específicos como traición a la patria o el cierre del Congreso, entre otros.
La denuncia de Goicochea sostiene que el actuar de Villena representa una “inobservancia dolosa de la función principal de defensor de la legalidad de los preceptos constitucionales”, calificándolo incluso de actuar doloso y de prevaricato. Este movimiento ha intensificado el debate sobre los límites de la acción judicial contra mandatarios en ejercicio, lo que ha llevado al Ejecutivo a presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para clarificar hasta qué punto el fiscal de la Nación puede investigar y acusar a un presidente sin contravenir la Constitución.
La situación plantea un escenario de alta tensión política en Perú, con implicaciones significativas para la estabilidad del sistema de justicia y la gobernanza del país.
