El exalcalde de Huánuco, Eduardo Miraval Templo, ha sido denunciado penalmente por el ciudadano Sadi Jesús Crespo y Atencia ante la Fiscalía Anticorrupción, acusado de presuntas irregularidades en la venta del Mercado Modelo de Huánuco. La denuncia apunta a que dicha transacción, realizada al final de su gestión en 2006, presenta diversas anomalías y posibles actos de corrupción.
En la acusación se involucra a otros tres exfuncionarios: Jorge Raúl Oyarce Estrella, quien ejerció como gerente de Asesoría Jurídica y presidente de la Comisión Especial de Privatización del mercado durante el periodo 2003-2006; Antonio Reyles Talenas Berrocal, presidente de la Asociación de Comerciantes Formales del Mercado Modelo; y Alcides Agliberto Lazo Facundo, notario. Según la denuncia, estos exfuncionarios habrían participado en un proceso de compraventa caracterizado por la falta de transparencia y el incumplimiento de normativas municipales.
Acusaciones de irregularidades
Uno de los puntos críticos señalados en la denuncia es la conformación de una comisión especial encargada de la privatización del mercado. Esta comisión, aprobada por resolución de alcaldía, habría sido constituida sin cumplir con la normativa vigente, ya que, de acuerdo con la ley, la facultad de formar tal comisión correspondía exclusivamente al Concejo Municipal. Además, la denuncia cuestiona que la comisión fuera integrada por Antonio Talenas Berrocal como coordinador, pese a no ser funcionario público en ese momento, lo cual contraviene los procedimientos establecidos.
Venta en último día de gestión
Otro aspecto que despierta sospechas es el hecho de que la transacción del mercado se formalizara el 30 de diciembre de 2006, último día de Miraval en el cargo. Según Sadi Crespo, esta venta apresurada genera dudas sobre la transparencia del proceso, ya que parece haber sido ejecutada de forma precipitada y sin los controles adecuados. La denuncia se respalda en informes emitidos por el Órgano de Control Interno (OCI), que señalan actos irregulares en el proceso de privatización y sugieren un manejo poco claro de la transacción.
La Fiscalía Anticorrupción evaluará las pruebas presentadas, que incluyen los informes de la OCI y otros documentos que evidenciarían un proceso de privatización supuestamente irregular. La comunidad de Huánuco espera respuestas claras de las autoridades y que, en caso de confirmarse los hechos, se sancione a los responsables.
