La Municipalidad de Magdalena ha emitido un comunicado oficial que desmiente las declaraciones de Isabel Cajo, una abogada vinculada a una presunta red de prostitución en el Congreso de la República. Según la denuncia de Cajo, el 27 de diciembre del año pasado, fue víctima de un robo de celular mientras paseaba por las calles de Magdalena. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona contradicen su versión. Según el informe de la comuna, “Ella no fue víctima de robo ni tuvo incidente alguno como lo ha manifestado (…) Los videos muestran a la señorita paseando con su mascota con absoluta tranquilidad y luego acompañada de otra persona”. Según Luis Paucar para Infobae, Este esclarecimiento surge en medio de un escándalo que involucra a varios funcionarios del Congreso y una serie de acusaciones graves que apuntan a una red de prostitución operando dentro de la institución estatal.
El caso de Isabel Cajo y el robo que nunca ocurrió
Isabel Cajo, quien forma parte de un escándalo relacionado con una supuesta red de prostitución en el Congreso, presentó la denuncia del robo a su celular días después de que el tema comenzara a tomar relevancia pública. Según su relato inicial, mientras paseaba con su mascota por las calles de Magdalena y tomaba una fotografía, un hombre de contextura robusta, vestido de negro y con casco, la abordó y le arrebató su teléfono móvil. “El delincuente escapó en una motocicleta”, detalló Cajo en la denuncia que presentó ante las autoridades.
No obstante, las cámaras de videovigilancia de la zona, que fueron revisadas por la municipalidad, no registraron ningún incidente relacionado con el robo. Según las imágenes, Cajo caminaba por la vía con total tranquilidad, primero acompañada de su mascota y luego de otra persona. Este descubrimiento pone en duda la versión presentada por la abogada.
Contexto del escándalo en el Congreso
La denuncia de Cajo es solo una parte de un escándalo mucho más grande que involucra a diversas figuras del Congreso. Esta controversia cobró gran relevancia después del asesinato de Andrea Vidal Gómez, una abogada vinculada a la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, quien también había sido señalada por su posible implicación en actividades de prostitución dentro de la institución. Vidal fue asesinada en circunstancias misteriosas el pasado 24 de diciembre, lo que disparó una serie de investigaciones que apuntan a una red que operaba en las entrañas del Congreso, contratando mujeres sin experiencia ni los requisitos necesarios para ocupar cargos como asesoras o secretarias.
Uno de los nombres clave en esta investigación es Jorge Torres Saravia, un exfuncionario que habría dirigido la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y quien está siendo investigado por su presunta implicación en la organización de este esquema de prostitución. Según informes del programa Beto a saber, Torres Saravia habría contratado a mujeres sin experiencia laboral y las habría involucrado en actividades ilícitas dentro del Parlamento, organizando fiestas con altos funcionarios en las que presuntamente se grababan imágenes y videos comprometedores.
Cajo, quien trabajó en la misma oficina en la que Vidal también desempeñaba funciones, es señalada como una de las personas asociadas a este escándalo. Aparentemente, Cajo participó en algunas de las fiestas organizadas por Torres Saravia, y tras estos eventos, se unió al equipo de trabajo del congresista Edwin Martínez, quien también ha estado en el ojo de la tormenta debido a su vinculación con este caso.
El pronunciamiento del alcalde de Magdalena
En medio de este enredo, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, también se ha visto envuelto en la polémica. Días antes de que se diera a conocer la desmentida de la Municipalidad sobre el robo de celular, Allison presentó su carta de renuncia a la militancia del partido Alianza para el Progreso (APP), en el que había militado hasta ese momento. APP ha sido uno de los partidos más involucrados en el escándalo debido a sus conexiones con varios de los implicados.
En su comunicado, el alcalde señaló que las imágenes de las cámaras de seguridad de la comuna habían sido puestas a disposición de las autoridades para que pudieran esclarecer los hechos. “Damos cuenta de esta información para los fines pertinentes y la ponemos a disposición de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos”, afirmó el alcalde Allison. Su renuncia y el comunicado que emitió se enmarcan dentro de un contexto de creciente presión política y mediática, que ha intensificado las demandas de transparencia y justicia sobre el manejo de la información relacionada con el Congreso.
Denuncias de falta de transparencia en el Congreso
El congresista Carlos Zeballos, quien forma parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ha denunciado públicamente la falta de transparencia en el manejo de la información relacionada con este caso. Zeballos expresó su preocupación por la lentitud en la entrega de documentos clave que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido, como los informes realizados por las asesoras involucradas, las cámaras de videovigilancia dentro del Congreso y otros elementos relevantes para la investigación. “Es algo extraño que viene sucediendo en esta investigación. No solo ocurre esta supuesta pérdida de celular, sino que hay personas que no se acuerdan durante este tiempo”, comentó Zeballos en una entrevista con Canal N.
El legislador también destacó la falta de filtros en los procesos de contratación dentro del Congreso, lo que ha permitido que personas cuestionadas lleguen a ocupar cargos públicos. “En este momento, hay cuatro señoritas investigadas. Lógicamente que hay otros funcionarios también. Han llegado videos y fotografías. Hay un memorándum también”, añadió Zeballos, haciendo alusión a la existencia de pruebas que podrían vincular a varios funcionarios en este escándalo de corrupción y prostitución.
El asesinato de Andrea Vidal y su conexión con la red de prostitución
El caso de Andrea Vidal, cuyo asesinato sigue sin esclarecerse, ha sido un punto de partida para las investigaciones sobre la red de prostitución en el Congreso. Vidal, de 28 años, trabajaba en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y, según diversos reportajes, habría estado involucrada en actividades relacionadas con la prostitución dentro del Parlamento. Se ha especulado que Vidal pudo haber tenido información clave sobre el funcionamiento de esta red y, por lo tanto, su muerte podría haber estado relacionada con su conocimiento de estos hechos.
La muerte de Vidal ha generado más preguntas que respuestas, y aunque la investigación está en curso, varios de los implicados ya han sido mencionados en los informes periodísticos. De hecho, algunos de los denunciantes han apuntado a Torres Saravia como el principal responsable de organizar y gestionar las actividades ilícitas dentro de la sede parlamentaria.
Este complejo caso sigue desarrollándose, y a medida que nuevas pruebas y testimonios se suman, el Congreso y la sociedad en general esperan que la verdad salga a la luz y que se tomen las medidas adecuadas para castigar a los responsables de estos delitos.
