La independencia de las agencias reguladoras vuelve a estar en el punto de mira, tras una demanda interpuesta contra el expresidente Trump por dos ex miembros demócratas de la Comisión Federal de Comercio (FTC). La controversia se centra en la destitución de Rebecca Kelly Slaughter y Alvaro Bedoya, efectuada el 18 de marzo, un movimiento que ha generado un nuevo debate sobre los límites del poder ejecutivo.
Según la investigación publicada por The New York Times, la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, acusa a Trump de extralimitarse en sus facultades al despedir a los comisionados demócratas.
La esencia del argumento legal de Slaughter y Bedoya radica en la supuesta falta de justificación para sus despidos, lo que, según ellos, contraviene la legislación federal. La demanda se apoya en un precedente legal de 1935 del Tribunal Supremo, que establece que un presidente no puede destituir a miembros de juntas reguladoras independientes basándose únicamente en diferencias políticas o de enfoque.
Los demandantes sostienen que la composición tradicional de la FTC, con una mayoría de miembros del partido en el poder y una minoría de la oposición, garantiza un equilibrio y una perspectiva diversa en la toma de decisiones sobre protección al consumidor y competencia. Romper este equilibrio, alegan, socava la independencia de la agencia y su capacidad para operar de manera imparcial.
Por su parte, la administración Trump, a través de su portavoz Taylor Rogers, defendió la legalidad de la decisión, argumentando que el desempeño de los ex comisionados era incompatible con las prioridades del gobierno. Esta postura refleja una visión del poder ejecutivo que busca una mayor alineación de las agencias reguladoras con la agenda política del presidente.
Esta querella se suma a una creciente lista de desafíos legales contra las acciones del expresidente Trump, en los que se cuestiona la expansión del poder de la presidencia. En los últimos meses, más de 50 decisiones judiciales han frenado temporalmente diversas medidas de la administración, desde políticas de deportación hasta despidos de funcionarios públicos, evidenciando una constante tensión entre el ejecutivo y el poder judicial.
