La **energía eólica**, un sector en auge que representa una parte significativa del suministro eléctrico nacional, se encuentra en el centro de una disputa legal de gran envergadura. Dieciocho estados han presentado una demanda contra la administración Trump por la suspensión de permisos para proyectos eólicos, argumentando que esta acción supone una amenaza existencial para esta industria en expansión. Esta medida se suma a una serie de acciones que, según los demandantes, obstaculizan la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.
Según la investigación publicada por The New York Times, la demanda interpuesta por los estados denuncia el freno repentino a proyectos de energía eólica, comprometiendo inversiones millonarias y poniendo en riesgo la creación de empleo.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales impulsoras de la demanda, declaró que “esta administración está devastando una de las fuentes de energía limpia, confiable y asequible de más rápido crecimiento en nuestra nación”. James añadió que la paralización amenaza “la pérdida de miles de empleos bien remunerados y miles de millones en inversiones”, además de “retrasar nuestra transición lejos de los combustibles fósiles que dañan nuestra salud y nuestro planeta”.
La suspensión de los permisos federales para la energía eólica se concretó a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 20 de enero, justo al asumir el cargo. Esta orden instruyó a las agencias federales a detener la aprobación de nuevos permisos para parques eólicos hasta que se llevara a cabo una revisión exhaustiva, generando incertidumbre y preocupación en el sector. Cabe recordar que la energía eólica ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, impulsada por incentivos gubernamentales y la creciente conciencia sobre la necesidad de reducir las emisiones de carbono. En 2024, la energía eólica generó aproximadamente el 10% de la electricidad en Estados Unidos.
La demanda alega que el cumplimiento de esta orden ejecutiva por parte de las agencias federales pone en peligro importantes inversiones ya realizadas en proyectos eólicos. Además, la orden instruye al Fiscal General de los Estados Unidos y al Secretario del Interior a explorar la posibilidad de “terminar o enmendar” los contratos de arrendamiento existentes para parques eólicos, lo que agrava aún más la incertidumbre para las empresas del sector. Esta acción se produce en un momento crucial para la industria, que busca consolidar su posición como una fuente de energía limpia y competitiva.
El sector eólico se ha convertido en un importante motor económico, especialmente en regiones como las Grandes Llanuras y el Océano Atlántico, donde se están desarrollando numerosos proyectos. Uno de los proyectos afectados por esta paralización es el parque eólico Empire Wind, ubicado frente a la costa de Long Island. Este proyecto, diseñado para suministrar energía a medio millón de hogares, ya había recibido los permisos necesarios, pero el Secretario del Interior, Doug Burgum, argumentó que el análisis realizado por la administración Biden durante el proceso de aprobación fue apresurado e insuficiente.
La controversia en torno a Empire Wind se centra en la exhaustividad de la evaluación ambiental, un paso crucial para mitigar los posibles impactos en la vida marina y los ecosistemas costeros. Los defensores del proyecto argumentan que se siguieron todos los protocolos necesarios y que la suspensión responde a motivos políticos más que a preocupaciones ambientales genuinas. La resolución de esta demanda y el futuro de la energía eólica en Estados Unidos tendrán un impacto significativo en la transición energética del país y en la lucha contra el cambio climático.
