La posible reincorporación de Patricia Benavides al Ministerio Público, tras la decisión de la Corte Suprema, ha desatado una serie de interrogantes y tensiones institucionales. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha manifestado que la resolución final sobre su retorno recae en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales. La incertidumbre se centra en la reciente notificación de una suspensión de 60 días contra Benavides, emitida por la misma JNJ.
Según la investigación publicada por El Comercio, la fiscal Espinoza informó que se ha solicitado formalmente a la JNJ aclarar la situación de Benavides, debido a que la notificación de suspensión de 60 días llegó poco después de la resolución de la Corte Suprema que revocaba la suspensión anterior, generando confusión sobre los plazos y la viabilidad de su reincorporación inmediata.
Espinoza explicó que la notificación de la JNJ, con fecha 23 de junio, fue recibida después de la decisión de la Corte Suprema, lo que ha suscitado interrogantes sobre la demora en la comunicación. Este retraso, según la fiscal de la Nación, ha generado la necesidad de solicitar una aclaración urgente a la JNJ, para determinar el curso de acción a seguir dentro del Ministerio Público.
Paralelamente, la fiscal de la Nación ha indicado que se están realizando evaluaciones internas, especialmente en el ámbito presupuestal, para determinar la disponibilidad de una plaza en la Junta de Fiscales Supremos, así como para definir el despacho al que podría ser asignada Patricia Benavides en caso de su reincorporación. Entre las opciones que se barajan, se encuentra la representación del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un puesto de especial relevancia en un año electoral.
La posible designación de Benavides en el JNE ha generado debate interno, considerando la importancia de garantizar la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales. Espinoza ha asegurado que esta decisión se tomará con “sumo detenimiento y suma prudencia”, con el objetivo de no afectar los derechos de ninguna de las partes involucradas y de asegurar la correcta administración de justicia en el país.
En relación a las acusaciones de tener problemas personales con su antecesora, Espinoza ha negado rotundamente cualquier animadversión, enfatizando que su labor se centra en la persecución del delito y no en la persecución de personas. Recordó que existen investigaciones en curso contra Benavides, respaldadas por seis denuncias constitucionales con “elementos de convicción muy fuertes”, lo que justifica su actuación como fiscal de la Nación.
Finalmente, Delia Espinoza criticó la actuación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, señalando que el archivo del caso contra Benavides en dicha instancia se produjo de manera “inusitada e inexplicable”. Cuestionó la celeridad con la que se tramitan algunas denuncias contra altos funcionarios, en comparación con otras, sugiriendo un posible trato diferenciado en función de intereses particulares.
