La formalización minera, un tema de alta complejidad en el Perú, ha generado controversia tras la exclusión del Ministerio Público de una mesa de trabajo clave convocada por la presidenta Dina Boluarte. Este proceso busca integrar a los mineros artesanales e informales a la economía formal, abordando desafíos ambientales, sociales y económicos significativos. La omisión de la Fiscalía ha suscitado inquietud, considerando su rol fundamental en la lucha contra la minería ilegal y sus delitos conexos.
Según la investigación publicada por El Comercio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha manifestado formalmente su “preocupación” y “extrañeza” a la mandataria por la no convocatoria del Ministerio Público a la mesa de trabajo sobre formalización minera que se llevó a cabo este lunes 14 de julio en Palacio de Gobierno. Este evento reunió a autoridades, gremios empresariales y legisladores.
En un oficio dirigido a la Presidencia, Espinoza recordó que el Ministerio Público forma parte integral de la comisión multisectorial encargada del seguimiento a la formalización minera y a las acciones de erradicación de la minería ilegal. La participación del Ministerio Público, a través del fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en materia ambiental, ha sido “constante y activa” en este esfuerzo interinstitucional, según señala el documento.
La Fiscal de la Nación también destacó la respuesta activa de los fiscales frente a las protestas y bloqueos de vías de acceso que han surgido en diversas regiones del país, incluyendo Arequipa, Ica, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Puno y Lima Centro. Estas acciones, llevadas a cabo por mineros artesanales e informales, demandan una atención inmediata y coordinada por parte de las autoridades competentes. El Ministerio Público ha estado trabajando con autonomía, perseverancia y objetividad para abordar estos desafíos.
Asimismo, Espinoza enfatizó que la formalización minera es crucial para prevenir la minería ilegal y otros delitos asociados, tales como el crimen organizado, el lavado de activos, la trata de personas y la corrupción. Por lo tanto, una respuesta articulada que incorpore desde su diseño el componente penal es esencial. La fiscal subraya que la prevención y combate de estos delitos requieren la participación activa del Ministerio Público en la mesa de trabajo.
La ausencia del Ministerio Público en la mesa de trabajo, a pesar de la convocatoria a otras entidades del sistema de justicia como el Poder Judicial, representa, según la fiscal, un “riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública” en materia de formalización minera. Su participación, como órgano constitucional encargado de la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal, es fundamental para asegurar que cualquier proceso de formalización minera se base en la legalidad, la transparencia institucional y la sostenibilidad del Estado de derecho.
Entre los convocados a la mesa de trabajo, se encontraba el cuestionado Paul Gutiérrez, saliente presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, quien impulsó una ley que, según críticos, favorecería la minería ilegal. También fueron invitados representantes de gremios mineros, lo que refuerza la importancia del diálogo con diversos actores del sector para lograr una formalización minera efectiva y sostenible.
