La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha iniciado diligencias preliminares contra Morgan Quero, actual ministro de Educación, debido a sus declaraciones en las que calificó como “ratas” a los fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte a finales de 2022 e inicios de 2023. Según un informe de Diego Casimiro para La República, el caso ha generado gran controversia, con múltiples denuncias interpuestas por organismos civiles y abogados defensores de los derechos humanos.
En respuesta a una pregunta sobre los derechos humanos y el silencio del gobierno respecto a las 50 muertes ocurridas durante las protestas, Quero respondió: “Los derechos humanos son para personas, no para las ratas”. Esta afirmación desencadenó una ola de críticas y acciones legales. Entre los denunciantes se encuentran Ronald Atencio, líder del Partido Voces del Pueblo; Raúl Constantino Samillan Sanga, representante de la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022-2023; y el abogado Javier Adrianzén.
Según se detalla en la disposición fiscal, se le imputa a Quero el delito de discriminación, estipulado en el artículo 323 del Código Penal, el cual sanciona los actos de distinción o exclusión que afecten la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. “Dicha calificación [‘ratas’] fue denigrante y ofensiva en menosprecio a los fallecidos en las protestas, atentando contra su dignidad humana”, indica la disposición citada por La República. Este delito podría acarrear una pena de hasta tres años de prisión o servicio comunitario.
El ministro será citado para dar su declaración
Como parte de las diligencias iniciales, Morgan Quero ha sido citado para rendir su declaración indagatoria el próximo viernes 10 de enero de 2025, en la sede central del Ministerio Público. En dicha ocasión, el ministro deberá explicar sus comentarios y responder a las acusaciones en su contra. La fiscal Espinoza ha dispuesto un plazo de 60 días para la investigación preliminar, tras los cuales se determinará si se formula una denuncia constitucional contra Quero o si el caso será archivado.
Por su parte, Quero ha intentado defenderse mediáticamente, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas y que su comentario estaba dirigido a violadores de menores de edad. Sin embargo, el video que registra la entrevista desmiente esta versión. En el material difundido, se escucha claramente que la corresponsal de La República, Almendra Ruesta, preguntó: “Ayer fue el Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué el gobierno no se ha pronunciado sobre los cincuenta fallecidos en las protestas?”.
Este video ha reforzado las críticas hacia el ministro, quien además acusó a la periodista de no haber formulado una pregunta clara, lo cual ha sido ampliamente cuestionado por diversos sectores de la opinión pública y la prensa.
Reacciones y más diligencias en el caso
El caso de Morgan Quero ha generado una respuesta inmediata de varias instituciones. La Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, fue una de las primeras entidades en rechazar de manera categórica las declaraciones del ministro, exigiendo su destitución inmediata. “Es una declaración deplorable que atenta contra la dignidad de las víctimas y sus familias”, expresó Gutiérrez en un comunicado oficial.
No obstante, tanto la presidenta Dina Boluarte como el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, han evitado tomar medidas concretas contra Quero. La mandataria ha mantenido al ministro en su gabinete, mientras que Adrianzén no se ha pronunciado de forma contundente al respecto. Este silencio por parte de las máximas autoridades ha sido duramente criticado por organizaciones civiles y líderes políticos, quienes consideran que perpetúa un clima de impunidad frente a comentarios que denigran la memoria de las víctimas.
En paralelo, la Fiscalía ha solicitado al Congreso información sobre si se ha iniciado algún procedimiento de control político contra Quero. Aunque existe una moción de interpelación, su debate ha sido aplazado hasta marzo de 2025, cuando inicie la segunda legislatura del periodo parlamentario. Este retraso ha sido interpretado por algunos como una falta de urgencia para abordar un tema que afecta directamente los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos en el país.
Adicionalmente, la Fiscalía también ha requerido información al despacho del premier Adrianzén y a otras entidades vinculadas, en un esfuerzo por recopilar todos los elementos necesarios para la investigación.
Un caso que trasciende lo legal: implicaciones sociales y políticas
El caso contra Morgan Quero no solo representa un desafío legal, sino que también pone en evidencia las tensiones sociales y políticas que han marcado el mandato de Dina Boluarte. Las protestas de 2022 y 2023 dejaron un saldo de 50 fallecidos y cientos de heridos, convirtiéndose en un capítulo doloroso para el país. Las víctimas, en su mayoría jóvenes de zonas rurales y comunidades vulnerables, se manifestaron en rechazo a las políticas del gobierno y al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades.
Las declaraciones de Quero, calificadas como insensibles y discriminatorias por diversos sectores, han reavivado el debate sobre el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de la represión. Para los familiares de los fallecidos, estas palabras representan una nueva herida en su búsqueda de justicia y reconocimiento. “No es solo una falta de respeto, es un atentado contra la memoria de quienes perdieron la vida exigiendo un cambio”, señaló Raúl Constantino Samillan Sanga, líder de la organización que agrupa a los familiares de las víctimas.
En este contexto, las acciones de la Fiscalía adquieren una relevancia especial, al ser vistas como un intento de garantizar que las instituciones del Estado actúen con imparcialidad y firmeza frente a expresiones que podrían perpetuar la discriminación y la exclusión. Asimismo, este caso plantea un llamado a las autoridades para que adopten medidas concretas que promuevan el respeto y la protección de los derechos fundamentales, especialmente en contextos de alta polarización social.
