El déficit fiscal del Perú cerró junio de 2025 en 2.6% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que representa una mejora significativa respecto a los periodos anteriores y refleja avances importantes en el manejo de las finanzas públicas. Esta cifra muestra una reducción de un punto porcentual frente al inicio del año y marca el ingreso a una senda de mayor estabilidad para la economía nacional. Por primera vez en ocho trimestres consecutivos de resultados negativos, el país registró un superávit fiscal de 0.7% del PBI en el segundo trimestre del presente año.
El principal factor detrás de esta mejora ha sido el crecimiento de los ingresos tributarios, que aumentaron en 14.6%, el mayor crecimiento registrado desde 2022. Este resultado ha sido impulsado por la reactivación económica, cuyo crecimiento real acumuló 3.1% entre enero y mayo y permitió situar los ingresos del Gobierno General en 19.3% del PBI, el nivel más alto de los últimos 17 meses. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se resaltó que el avance fiscal se alcanzó sin recortar la inversión pública ni los servicios básicos, resguardando las bases para un desarrollo sostenible.
El ministro Raúl Pérez Reyes ratificó el compromiso de mantener el límite del déficit fiscal en 2.2% del PBI durante 2025, descartando la necesidad de realizar modificaciones en las reglas fiscales. Esta decisión se alinea con la meta de consolidación fiscal que busca una reducción gradual del déficit hasta el 1% del PBI en 2028, de acuerdo con la normativa vigente. Paralelamente, el gobierno proyecta que la deuda pública converja hacia el 30% del PBI en el año 2035, lo que permitirá preservar la solvencia del Estado en el largo plazo.
En un contexto marcado por la incertidumbre global y local, el desempeño responsable de las cuentas públicas fortalece la confianza de los inversionistas y contribuye al fomento del empleo, bases fundamentales para el bienestar de la población. Las autoridades consideran que mantener la disciplina fiscal y promover la eficiencia en el gasto e inversión resultan esenciales para consolidar la recuperación económica.
Entre los retos pendientes figuran la mejora continua en la recaudación, el control del gasto y la atención a eventuales decisiones legislativas que puedan afectar el balance presupuestario. El enfoque del gobierno estará centrado en una gestión responsable y sostenible, que asegure el acceso a servicios de calidad y el crecimiento económico con inclusión.
