El defensor del Pueblo en Huánuco, Marco Durand Rocca, desmintió públicamente que su institución haya participado o respaldado el proceso de contratación de la asesora Sully Godoy, como fue señalado por el gobernador regional durante una convocatoria de trabajo. Según precisó, la Defensoría del Pueblo no tiene atribuciones para fungir como veedora ni como aval de procedimientos administrativos en entidades públicas.
“No hacemos el papel de notario del Estado ni damos conformidad a actos administrativos. Supervisamos si se cumplen los procedimientos legales, pero no participamos en concursos de personal”, aclaró Durand, quien recalcó que no llegó ningún documento oficial a su despacho que le permitiera disponer la intervención de su equipo. “En este caso, la Defensoría no ha tenido ni arte ni parte. No hemos avalado absolutamente nada”, insistió.
Pide intervención inmediata en conflicto hídrico
Durand se pronunció también sobre el conflicto por el uso del agua entre las comunidades de Umari y Santa María del Valle, el cual ha generado tensión social y acusaciones cruzadas. El defensor calificó el problema como parte de una crisis mayor relacionada con la escasez de fuentes hídricas en la sierra y criticó la falta de acción clara por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
“El ANA tiene que explicar objetivamente a los usuarios cómo se distribuye el agua según la ley. Hay un porcentaje para el consumo humano, otro para riego y otro para el caudal natural. Eso no se está comunicando bien”, señaló. Afirmó que el exalcalde de Umari sí firmó un acuerdo de cesión de agua, pero dentro del marco legal, sin exceder el 20% permitido.
Recomienda descentralizar trámites y fortalecer el diálogo
Durand anunció que la Defensoría presentará una recomendación para que los trámites que actualmente deben realizarse en Tarapoto puedan gestionarse desde oficinas regionales o provinciales. “Eso ayudaría a reducir el desgaste burocrático y mejorar el acceso a la información para las comunidades”, señaló.
Finalmente, reiteró que la ANA debe asumir con urgencia un rol activo en la zona para evitar una escalada del conflicto.
Dato:
Sobre la propuesta de represar agua en Umari, consideró que podría ser una solución viable si se cuenta con el respaldo técnico y la voluntad de las comunidades. No obstante, advirtió que algunos líderes comunales mantienen una visión territorialista del recurso, lo cual dificulta acuerdos. “El agua es propiedad del Estado y debe compartirse. No se puede condicionar su uso a intereses locales”, dijo.
