La Defensoría del Pueblo en Tingo María ha hecho un llamado urgente a las autoridades de Huánuco para abordar la presunta minería ilegal que estaría devastando áreas forestales y recursos hídricos en los distritos de Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo.
Según informó Jorge Mendoza, coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María, durante una reunión con la sociedad civil se denunció la afectación de más de 20 hectáreas de terrenos forestales y la alteración de fuentes de agua, presuntamente causada por la empresa Minera Huallaga S.A.C. Ante estos reportes, la Defensoría del Pueblo ha pedido la intervención de diversas instituciones, como la Dirección Regional de Energía y Minas (DREMH), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
Inspecciones y acciones inmediatas
El pasado 8 de septiembre, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Tingo María realizó una inspección en la zona afectada, y se espera el informe oficial en los próximos días. Asimismo, el OEFA confirmó que la denuncia está pendiente de calificación en el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales (Sinada). Paralelamente, la Fiscalía Ambiental de Leoncio Prado ha programado una inspección en el área para verificar los daños.
Uno de los puntos clave que la Defensoría busca esclarecer es el estatus legal de las operaciones de Minera Huallaga S.A.C. Según información oficial, el derecho minero vinculado a la empresa, con código 010101612, no estaría vigente desde marzo de 2024, lo que pone en duda la legalidad de las actividades que se están desarrollando en la zona.
Durante la inspección del 10 de septiembre, la Defensoría del Pueblo constató la existencia de un campamento minero en condiciones insalubres, lo que representa riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.
Se ha convocado a una reunión el próximo lunes 16 de septiembre, en la que participarán autoridades locales, la sociedad civil y entidades ambientales para coordinar acciones conjuntas que permitan frenar los daños ambientales y garantizar una supervisión adecuada de las actividades mineras.
