Defensor del Pueblo exige anular concesión minera por presunto daño ambiental en Marabamba

La Defensoría del Pueblo, a través de su representante Marco Octavio Durand Rocca, solicitó la anulación de una concesión para la extracción de materiales no metálicos en el cerro Marabamba, tras denuncias ciudadanas sobre presuntos daños ambientales. El pedido se formuló luego de que aficionados asistentes a un evento deportivo en la zona alertaran sobre actividades que, según señalaron, afectarían el ecosistema local.


De acuerdo con Durand Rocca, la concesión vigente no autoriza la lotización, parcelación ni venta de terrenos, y recordó que la propiedad superficial es distinta a la del subsuelo. El funcionario advirtió que en Huánuco persiste el problema de la minería ilegal de materiales como arena, piedra y hormigón, con canteras que operan de forma clandestina a lo largo del río Huallaga y en cerros aledaños.
Vecinos acusan riesgo urbano y falta de reforestación


Según el representante de la Defensoría, la situación requiere intervención inmediata de organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Ministerio Público, la Municipalidad de Huánuco y la Dirección Regional de Energía y Minas. Se denunció la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo y la ausencia de programas de reforestación por parte de los concesionarios, quienes —según afirmaciones de pobladores— se presentan como propietarios de amplias áreas sin cumplir las normas ambientales.


En el sector conocido como Predio Tingo, los vecinos cuestionaron la aparente inacción municipal frente a la depredación del cerro, contrastándola con la estricta fiscalización tributaria que, afirman, sí se aplica a ciudadanos formales. Algunos denunciantes sugirieron que la falta de supervisión podría estar relacionada con presuntos pagos indebidos, lo que, a su juicio, evidenciaría ineficiencia y posibles actos de corrupción en la administración local.


Piden acciones conjuntas y sanciones ejemplares
La Defensoría instó a las autoridades competentes a realizar inspecciones técnicas y jurídicas para determinar si la concesión incumple la normativa ambiental y, de ser el caso, proceder a su nulidad. Asimismo, solicitó que se evalúe la responsabilidad de los funcionarios que, presuntamente, omitieron supervisar las actividades extractivas.