Marco Durand Roca denuncia inacción institucional y pide sanción a contratistas que “convierten al Estado en rehén”
El representante de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Marco Durand Roca, advirtió sobre la situación crítica del establecimiento de salud de Cachicoto, al que calificó como un “elefante blanco” por la paralización de obras financiadas con más de 11 millones de soles. Según sus declaraciones, se trataría de un caso más dentro de un patrón generalizado de ineficiencia, corrupción y abandono en la ejecución de proyectos públicos en la región.
Durand Roca fue enfático al señalar que la responsabilidad principal recae en las autoridades que financian las obras, así como en las empresas contratistas, a las que acusó de haber instaurado “una filosofía perversa” en torno a los contratos públicos: “Reciben el adelanto y luego buscan excusas para no iniciar la obra o provocan conflictos deliberados que terminan en conciliaciones sin resultados”, declaró.
Obras detenidas, población afectada
El funcionario cuestionó la lentitud de las investigaciones fiscales y criticó que muchas veces las intervenciones del Ministerio Público paralizan indefinidamente los proyectos: “Las obras no deben detenerse por 10 o 15 años solo porque interviene un fiscal. Eso perjudica al pueblo. La investigación debe continuar sin detener el desarrollo”.
Respecto al caso específico de Cachicoto, indicó que los fondos asignados están comprometidos en presuntas irregularidades que ya son materia de investigación mediática y ciudadana: “Una obra de salud no puede quedar a medio hacer. Es un tema sensible, y la población está esperando respuestas”, afirmó. También hizo un llamado al Gobierno Regional de Huánuco para que asuma una posición más enérgica y exija responsabilidades.
Limitaciones de seguimiento y falta de presupuesto
Durand reconoció que la Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento de diversas obras, tanto en el sector salud como en el educativo, pero enfrenta restricciones logísticas por falta de recursos: “Tenemos reportes de establecimientos escolares y centros de salud en abandono, pero no contamos con presupuesto para desplazarnos a todas las zonas afectadas”.
Finalmente, reveló que se ha remitido una data consolidada a la sede central de la Defensoría del Pueblo en Lima, para que se articule una acción más firme ante los ministerios correspondientes, especialmente en salud y educación.
