El Decreto Legislativo 1585, promulgado en noviembre de 2023 por el gobierno de Dina Boluarte, ha generado polémica al convertir sentencias de prisión por delitos graves en penas de servicio comunitario en libertad. La medida, publicada en el Diario El Peruano, busca reducir la sobrepoblación en las cárceles, incrementando de 4 a 5 años la pena mínima para aplicar prisión efectiva, lo que facilita que varios condenados eviten el encarcelamiento.
Entre los beneficiados se encuentra el excongresista Kenji Fujimori, quien fue sentenciado en el caso “Mamanivideos” a una pena suspendida en lugar de los 4 años y medio de prisión. Además, el decreto aplica retroactivamente a personas procesadas por delitos como robo, extorsión, tráfico ilícito de drogas, y minería ilegal, permitiéndoles cambiar sentencias de prisión por servicio comunitario.
El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, criticó esta norma por dificultar la lucha contra el crimen. Durante un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima, señaló que el incremento de la pena mínima a cinco años para aplicar prisión preventiva permite que más acusados de crímenes graves eviten la cárcel, afectando la seguridad ciudadana.
