El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, denunció públicamente que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) estaría incurriendo en presuntas represalias institucionales contra su gremio, luego de que el Consejo de Ética del CAL suspendiera a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. La advertencia surge tras la denuncia penal interpuesta por el procurador público de la JNJ contra los integrantes del Consejo de Ética del CAL.
Según informó la institución mediante un comunicado oficial, el conflicto se originó cuando el Consejo de Ética admitió a trámite una denuncia de carácter ético presentada por una organización no gubernamental contra determinados miembros de la JNJ. La imputación no se realizó a la entidad como tal, sino a sus integrantes a título estrictamente personal, por presuntos comportamientos antiéticos.
El procedimiento seguido por el CAL, señala el pronunciamiento, se ajustó a las normas internas vigentes, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de los denunciados, quienes fueron debidamente notificados para responder a los cargos formulados.
Los miembros comprendidos en el proceso ético son Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Pedro de la Puente Parodi, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval. Desde el CAL se enfatiza que la actuación del Consejo de Ética se limitó a su competencia gremial y no tuvo carácter institucional contra la JNJ.
No obstante, el comunicado advierte que, pese a ello, el procurador de la Junta Nacional de Justicia presentó una denuncia penal contra los integrantes del Consejo de Ética, lo que —según el decano Raúl Canelo— podría constituir el uso indebido de recursos del Estado para la defensa de intereses particulares.
En ese sentido, Canelo sostuvo que dicha actuación podría configurar el presunto delito de peculado de uso, tipificado en el artículo 388 del Código Penal, al emplearse servicios y recursos públicos en beneficio de personas denunciadas a título personal. El decano señaló, además, que la propia denuncia presentada por el procurador constituiría un elemento probatorio relevante de una situación de flagrancia.
Ante este escenario, el Colegio de Abogados de Lima anunció que evalúa interponer denuncias penales por peculado, abuso de autoridad y otros posibles ilícitos, así como una denuncia administrativa ante la Procuraduría General del Estado.
En su pronunciamiento, el decano del CAL también expresó su preocupación por las decisiones adoptadas por el Tercer Juzgado Constitucional, a cargo del juez Jorge Paredes Salas. Según indicó, dicho despacho habría emitido de manera reiterada hasta cuatro medidas cautelares que afectan directamente la composición del Consejo de Ética del CAL.
De acuerdo con Canelo, estas resoluciones judiciales habrían separado a miembros del Consejo de Ética y repuesto a personas que previamente habían sido retiradas por decisión de la Asamblea General del CAL, tras comprobarse que habrían consignado información falsa al momento de postular a dicho órgano.
El decano advirtió que estas actuaciones judiciales, adoptadas sin que el juzgado sea parte directa del proceso gremial, evidenciarían un patrón de interferencia institucional. A su juicio, este contexto resulta especialmente sensible al coincidir temporalmente con la sanción impuesta a Patricia Benavides, lo que refuerza la percepción de posibles represalias contra el Colegio de Abogados de Lima.
Finalmente, el CAL reiteró su defensa de la autonomía institucional, el respeto al debido proceso y la necesidad de que las entidades del Estado actúen dentro del marco constitucional y legal, sin presiones ni injerencias que puedan afectar la independencia de los organismos profesionales y gremiales.
