La judicialización del proceso contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto golpe de Estado ha entrado en una nueva fase. El Poder Judicial ha determinado una restricción significativa: no se le permitirá al exmandatario identificarse al inicio de cada audiencia debido a lo que la sala califica como “reiteradas inconductas”. Esta decisión, sin precedentes en juicios de esta naturaleza, ha generado debate sobre los derechos del acusado y la imparcialidad del proceso.
Según la investigación publicada por El Comercio, la medida fue anunciada por la jueza Norma Carbajal al inicio de la sesión del jueves 24 de abril. La decisión se basa en el comportamiento de Castillo en audiencias previas, donde en lugar de identificarse, aprovechaba el momento para cuestionar la legitimidad del tribunal y reiterar su rechazo al juicio.
En la audiencia del 22 de abril, por ejemplo, al dársele la palabra para su identificación, Castillo optó por criticar abiertamente a la jueza Carbajal y a la sala en su conjunto, reiterando su postura de no reconocimiento del proceso legal. Este patrón de conducta, repetido en cada sesión desde el inicio del juicio oral, motivó la decisión del tribunal de suprimir este derecho procesal.
Ricardo Hernández, el abogado de oficio asignado a Pedro Castillo, argumentó enérgicamente que la restricción viola los derechos fundamentales del exmandatario como acusado. En su opinión, negarle la oportunidad de identificarse constituye una limitación injustificada de su defensa. Hernández presentó un recurso de reposición, solicitando que, antes de aplicar esta medida, se le dirigiera un apercibimiento formal a Castillo y, en caso de persistir la conducta, se impusiera una sanción proporcional, como una multa.
Sin embargo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema rechazó el recurso, argumentando que la decisión no impide el ejercicio de su defensa material, sino que busca mantener el orden y la imparcialidad del proceso judicial. La sala indicó que las “inconductas reiteradas” de Castillo ponían en riesgo la objetividad del tribunal. Asimismo, instó al abogado defensor a instruir a su cliente sobre sus derechos y deberes ante el Poder Judicial.
El tribunal subrayó que su actuación respondía a la necesidad de garantizar un proceso justo y ordenado, y que la medida no afectaba el derecho de Castillo a defenderse. Esta resolución se produce en un contexto de alta polarización política y social en el país, donde el juicio a Castillo ha sido objeto de intenso escrutinio público. La defensa legal del expresidente ha planteado dudas sobre la independencia del Poder Judicial y la legitimidad del proceso, mientras que sus detractores exigen que se haga justicia y se esclarezcan los hechos relacionados con el fallido intento de autogolpe de Estado.
