El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que La Victoria y todo el Callao serán declarados en estado de emergencia debido al aumento de extorsiones, sicariato y robos. La medida, que priorizará la seguridad en Gamarra, busca garantizar el desarrollo de actividades económicas y proteger a los ciudadanos, pero ha generado opiniones divididas entre los empresarios del emporio comercial.
Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, respaldó la decisión, destacando que la medida era solicitada desde hace meses. “Esta es la última esperanza para miles de emprendedores de realizar sus ventas y garantizar la seguridad del medio millón de peruanos que llegan al día”, afirmó.
Sin embargo, Edward Raymundo, líder de la Federación de Empresarios de Gamarra, expresó su escepticismo, señalando que la falta de policías especializados limita la eficacia de la medida. “Con o sin estado de emergencia, Gamarra sigue enfrentando extorsiones. Se necesita inteligencia para combatir a las bandas criminales”, cuestionó.
El exministro Wilfredo Pedraza coincidió en que estas medidas son simbólicas y no logran reducir la criminalidad. Mientras tanto, el gobierno también prorrogó por 30 días el estado de emergencia en provincias de La Libertad afectadas por delitos similares.
