La reciente detención del congresista Luis Picón por parte de las autoridades ha generado, con razón, un clima de indignación en nuestra sociedad. Representante de Huánuco, Picón estaba en la mira de la justicia desde hace tiempo y ha demostrado un comportamiento que, lejos de ser ejemplar, es fuente de desaprobación para quienes lo eligieron. Incumpliendo citaciones y evadiendo responsabilidades, el congresista ha causado un daño no solo a su imagen pública sino a la integridad de nuestras instituciones democráticas.
Durante su mandato como gobernador de la región de Huánuco, Picón dejó un legado de desobediencia y mala gestión. Su comportamiento irresponsable continuó en el manejo del tesoro público. Dichos actos están bajo investigación judicial.
Pero el asombro no termina ahí. Apenas llegado al Congreso, Picón se alió con el hoy detenido Pedro Castillo, abandonando el partido que lo llevó al poder para unirse a lo que parece ser una coalición de intereses cuestionables. Esta es una evidencia más de su falta de compromiso no solo con su partido sino también con los ciudadanos a los que juró representar.
La posición de un congresista es de alta responsabilidad y está sujeta al escrutinio público. Todos los funcionarios, sin importar su rango, deben ser fiscalizables por la población y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de denunciar cualquier indicio de mala gestión o corrupción. En este contexto, el caso de Luis Picón sirve como un recordatorio preocupante de que, incluso en las más altas esferas del poder, la ética y la integridad son a menudo sacrificadas en el altar de la conveniencia política.
Toda autoridad está bajo el ojo crítico de la población y los medios de comunicación tienen la obligación de informar sobre la mala gestión y conducta cuestionable de sus representantes. Es esencial que las autoridades sean fiscalizadas y criticadas cuando su actuación así lo merezca. En el caso del congresista Picón, es vital que la justicia continúe su curso y que él responda por sus actos.
El mensaje que enviamos es claro: el poder no puede ser un escudo contra la rendición de cuentas. La integridad y el cumplimiento de las leyes deben ser los pilares que guíen la actuación de cualquier servidor público. En un momento en que la confianza en nuestras instituciones es frágil, la transparencia y la justicia son más necesarias que nunca.
