El gerente de infraestructura del gobierno regional, Daniel Mallqui, ofreció una rueda de prensa en la que aclaró las observaciones realizadas por la Contraloría respecto a la obra de agua y desagüe en La Unión. Según el funcionario, la Contraloría señaló que en la obra se estaría utilizando cemento de mala calidad, que se habría pagado por el alquiler de un almacén inexistente y que el número de trabajadores en la planilla no coincidía con el personal presente en el proyecto.
Mallqui negó estas afirmaciones, asegurando que la obra sigue estrictamente la norma técnica peruana, tanto en los materiales como en los procedimientos. Explicó que se hizo una reunión técnica para aclarar las observaciones con el equipo de supervisión y responsables del proyecto. Según indicó, no se ha pagado por ningún alquiler de almacén, ya que el almacén utilizado pertenece al propio gobierno regional. El único gasto relacionado fue por el alquiler de una oficina técnica en Ripán, lo que es totalmente distinto.
Sobre la observación de la calidad del cemento, Mallqui aclaró que, de las 4000 bolsas de cemento que se requieren para la obra, se utilizaron 80 bolsas de la marca “Cemento Inca”, en lugar de “Cemento Nacional”, debido a un desabastecimiento temporal del material. Si bien esta marca no es la especificada en el contrato, cumple igualmente con la norma técnica. Sin embargo, reconoció que fue un error aceptarlo sin autorización, pero aseguró que la diferencia no afecta la calidad de la obra. Añadió que esas 80 bolsas no serán pagadas al proveedor, para evitar cualquier perjuicio económico al Estado.
En cuanto al número de trabajadores en la obra, el gerente indicó que la Contraloría no consideró las actualizaciones de personal en fechas específicas, lo que dio pie a un malentendido sobre el supuesto “personal fantasma”. Explicó que la lista de asistencia y las planillas de pago coinciden plenamente y que el equipo técnico presentará la documentación que demuestre la veracidad de los datos.
Finalmente, Mallqui calificó el trabajo de la Contraloría como “pésimo”, afirmando que no tienen la experiencia adecuada en supervisión de obras y que sus observaciones carecen de sustento técnico.
