El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, Hernán Cajusol, cuestionó duramente la reciente postura asumida por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), institución que publicó un comunicado rechazando la creación de una comisión investigadora en el Congreso de la República, impulsada por la legisladora huanuqueña Elizabeth Medina Hermosilla. El gremio nacional de gobernadores expresó su respaldo al gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, calificando los cuestionamientos como un acto de politización.
Desde Huánuco, Cajusol advirtió que la ANGR no tiene competencia legal ni autoridad moral para interferir en las facultades fiscalizadoras del Congreso ni en las investigaciones del Ministerio Público. “Se trata de un intento evidente de blindaje político disfrazado de solidaridad institucional”, expresó el abogado, quien exhortó públicamente al gobernador Pulgar a “ponerse derecho” y allanarse sin resistencia a los procesos de control.
Comunicado de gobernadores fue difundido en redes y busca frenar comisión fiscalizadora
La controversia se desató luego de que la ANGR —entidad que agrupa a los 25 gobernadores regionales del país— publicara un pronunciamiento en sus redes sociales rechazando el pedido de la congresista Elizabeth Medina para conformar una comisión especial que investigue la actual gestión del Gobierno Regional de Huánuco. Según el texto, dicho pedido “no responde a una auténtica intención de fiscalizar ni un compromiso con la transparencia, sino a un intento de politizar la gestión administrativa con fines de beneficio personal y posicionamiento político”.
La congresista Medina, quien representa a Huánuco, ha venido realizando severos cuestionamientos a presuntas irregularidades en licitaciones, contrataciones y sobrevaloraciones en obras públicas ejecutadas por la actual gestión regional. Entre estas, destacan proyectos con aparentes inconsistencias técnicas y presupuestales, actualmente bajo indagación preliminar del Ministerio Público.
Cajusol: “El gobernador debe allanar el camino a la justicia, no blindarse”
Consultado por medios locales, Hernán Cajusol sostuvo que la defensa corporativa de la ANGR constituye una intromisión inaceptable en funciones constitucionales de control. “La fiscalización parlamentaria y las investigaciones del Ministerio Público no pueden ser desactivadas por un comunicado político. Eso sería debilitar las bases del Estado de Derecho”, declaró.
El abogado recordó que interferir en un proceso de fiscalización activa está expresamente prohibido por el ordenamiento legal peruano. “El Ministerio Público actúa de oficio frente a denuncias públicas o administrativas. Cualquier intento de obstaculización es también materia de sanción penal”, enfatizó.
Asimismo, recordó que muchos de los gobernadores que hoy firman el comunicado han sido señalados por sus propias regiones por hechos similares o incluso más graves. “Respaldar desde la ANGR a una gestión bajo sospecha no fortalece la institucionalidad. Al contrario, la debilita. Si hay transparencia, lo correcto es colaborar con las investigaciones”, añadió.
Investigaciones deben continuar sin presiones ni blindajes institucionales
Cajusol instó al gobernador Antonio Pulgar a demostrar apertura al escrutinio público y facilitar la labor tanto del Congreso como del Ministerio Público. “Allanarse es un gesto político que fortalece su credibilidad. Si no hay nada que ocultar, permitir que las instituciones trabajen solo puede jugar a favor de su gestión”, indicó.
En un contexto preelectoral, con comicios regionales y congresales programados para el próximo año, el decano subrayó la importancia de enviar señales de legalidad, transparencia y ética pública a los ciudadanos. “El gobernador no puede convertirse en una figura perseguida ni blindada. Necesitamos autoridades que confíen en la ley, no que se escuden detrás de redes de protección política”, sentenció.
