El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfrenta críticas tras firmar la resolución que permitió el ascenso a general del coronel PNP Edson Cerrón Lazo, quien está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Rosalino Flores durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte en enero de 2023. Santiváñez, antes de asumir el cargo ministerial, actuó como abogado defensor de Cerrón en este caso, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Los antecedentes del caso: La muerte de Rosalino Flores
El 11 de enero de 2023, Rosalino Flores, de 22 años, perdió la vida tras recibir más de 30 impactos de perdigones de plomo durante una manifestación en Cusco. Según la fiscal provincial Mirela Coronel Molero, del Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), la Policía Nacional obstruyó las diligencias iniciales, dificultando la investigación.
En ese momento, Edson Cerrón Lazo se desempeñaba como jefe de la División de Orden Público y Seguridad, cargo desde el cual tenía mando directo sobre el suboficial Joe Erik Torres Lovón, señalado como presunto autor del homicidio. La Fiscalía sostiene que Cerrón no cumplió con las normativas vigentes al no ejercer un control adecuado sobre los efectivos bajo su mando, lo que lo implicaría en la responsabilidad de los hechos.
La defensa legal de Cerrón: Un giro en el proceso
El abogado de Cerrón Lazo durante este proceso fue Juan Santiváñez, quien, antes de ser ministro, logró que la medida de impedimento de salida del país contra el coronel fuera modificada a comparecencia con restricciones en enero de 2024. Esta disposición permitió a Cerrón continuar con sus actividades laborales, aunque bajo condiciones como informar mensualmente sobre sus actividades y no cambiar de domicilio sin autorización judicial.
Menos de dos meses después de esta decisión judicial, Santiváñez asumió como ministro del Interior. En noviembre de 2024, firmó, junto a la presidenta Dina Boluarte, la Resolución Suprema N.º 158-2024-IN, que otorgó ascensos a 27 coroneles y 5 generales, incluido Cerrón Lazo, quien ocupó el segundo lugar en el cuadro de mérito.
Ascenso de Cerrón: Beneficio profesional y económico
El ascenso a general no solo representa un reconocimiento profesional, sino también una mejora económica y administrativa para Cerrón. Sin embargo, el hecho de que este beneficio haya sido firmado por su exabogado y actual ministro del Interior ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Además, el nombramiento de Cerrón como jefe de Inspectoría de la Región Policial del Cusco a inicios de 2024, mientras aún se encontraba bajo investigación, refuerza las críticas sobre posibles irregularidades en la gestión de su caso.
Reacciones y posibles conflictos de interés
Organizaciones de derechos humanos, políticos de oposición y analistas han señalado que el vínculo previo entre Santiváñez y Cerrón podría comprometer la imparcialidad en la toma de decisiones del ministro. En este sentido, se ha solicitado a la Contraloría General de la República y a otras entidades que investiguen si el ascenso de Cerrón violó principios éticos o legales.
“El ministro del Interior tiene una responsabilidad clave en garantizar que las instituciones policiales actúen con integridad. Firmar un ascenso en beneficio de alguien a quien defendió legalmente genera una percepción de parcialidad que debe ser aclarada”, señaló un experto en políticas públicas.
El contexto de las protestas sociales y la actuación policial
La muerte de Rosalino Flores no es un caso aislado en el contexto de las protestas sociales de 2023. Según informes de la Defensoría del Pueblo, más de 60 personas fallecieron durante las manifestaciones, muchas de ellas por uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
La actuación de la Policía Nacional durante este periodo ha sido duramente cuestionada, y casos como el de Cerrón Lazo ponen en evidencia la necesidad de una reforma integral en los protocolos de intervención y en la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.
Posibles consecuencias para Santiváñez y el gobierno de Boluarte
El caso ha añadido presión sobre el gobierno de Dina Boluarte, que ya enfrenta críticas por la gestión de las protestas sociales y por casos judiciales que involucran a miembros de su entorno, como su hermano Nicanor Boluarte.
Para Santiváñez, este episodio representa un desafío a su legitimidad como titular del Ministerio del Interior. De no manejar adecuadamente la situación, podría enfrentar mociones de interpelación en el Congreso, donde la oposición ya ha manifestado su intención de investigar posibles irregularidades en su gestión.
Conclusión: La necesidad de transparencia
El ascenso de Edson Cerrón Lazo en medio de una investigación por muerte en protestas sociales y la firma de la resolución por parte de su exabogado y actual ministro del Interior, Juan Santiváñez, reflejan problemas estructurales en la administración de justicia y en el sistema de promoción policial en el Perú.
La situación demanda una respuesta clara y transparente por parte del Gobierno y del Ministerio del Interior, no solo para garantizar la confianza en sus instituciones, sino también para abordar las tensiones sociales que persisten desde las protestas de 2023.
