La reciente anulación del concurso CAS convocado por la Red Regional de Salud Huánuco ha desatado una serie de denuncias y señalamientos que comprometen tanto la transparencia del proceso como la imparcialidad de los miembros del comité evaluador.
Ana María Valdivia Elguera, secretaria general de la red de microrredes Huánuco y representante sindical de FENUTSA Dignidad, se pronunció sobre la situación denunciando que la nulidad del concurso habría sido impulsada por intereses personales, específicamente por parte de Delina Rosales Villavicencio, a quien vinculó con el gobernador regional.
Según Valdivia, el proceso se llevó a cabo con la participación de más de cuatro sindicatos como veedores, así como representantes del Colegio de Enfermeros y Obstetras. “Se ha visto la mejor transparencia. El presidente del comité evaluador, el Dr. Po, es un joven médico sin antecedentes, que actuó con imparcialidad”, afirmó.
No obstante, señaló que los conflictos comenzaron cuando Rosales, miembro suplente de la comisión evaluadora y, según Valdivia, persona de confianza del gobernador, habría objetado los resultados al constatar que un familiar suyo, de apellido Villavicencio Rosas, no fue declarado apto. “Ella misma revisó el expediente de su familiar. Si sabía que no cumplía, ¿por qué insistir?”, cuestionó.
La dirigente sindical rechazó categóricamente tener antecedentes fiscales o judiciales, y subrayó que la decisión de anular el proceso afectó a 257 postulantes. “Por el reclamo de una sola persona, se truncó una convocatoria legítima que ya había avanzado con regularidad”, lamentó.
Ante los rumores sobre la presunta destrucción de documentos, Valdivia aclaró que no se rompieron expedientes, sino que se retiraron fichas de evaluación para resguardarlas, en caso de ser requeridas como evidencia.
“Lo más grave es que estamos hablando de plazas urgentes en centros y puestos de salud. Llevamos tres meses sin poder cubrirlas por este conflicto”, denunció. Finalmente, indicó que solicitarán que un nuevo proceso se lleve a cabo en otras instituciones, con evaluadores distintos y sin vínculos de confianza con autoridades regionales.
