El panorama empresarial español se encuentra en un punto de inflexión, anticipando cambios significativos en la dirección de las organizaciones que representan a las pequeñas y medianas empresas. En este contexto, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), integrada en la CEOE, ha tomado una decisión crucial que podría rediseñar el tablero de juego en sus próximas elecciones presidenciales, programadas para antes del verano. La modificación del reglamento interno, específicamente la eliminación del voto delegado, se ha convertido en el epicentro de una contienda interna que enfrenta a los líderes de Cepyme y CEOE.
Elecciones patronales
Según el reportaje de El País, la actual dirección de Cepyme ha dado un paso que podría ser determinante para el resultado de las próximas elecciones presidenciales, al eliminar el voto delegado. Este cambio normativo ha desatado una tormenta interna, evidenciando una profunda división entre el actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, quien busca la reelección, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien aparentemente favorece a otro candidato.
El proceso de modificación del reglamento interno estuvo lejos de ser pacífico. La junta directiva de Cepyme fue escenario de un debate acalorado, marcado por acusaciones de boicot e irregularidades. La votación final, con 64 votos a favor del cambio, 55 en contra y tres abstenciones, podría ser impugnada por aquellos que se oponen a la reelección de Cuerva. Estos críticos argumentan que la votación en la junta directiva fue precedida por una votación desfavorable en el Comité Ejecutivo, contraviniendo, según ellos, el artículo 57 de los estatutos de Cepyme. En este sentido, es importante recordar que la Cepyme representa al 99% del tejido empresarial español, generando el 65% del empleo y contribuyendo al 62% del valor añadido bruto, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La raíz del conflicto se remonta a una reunión tensa en enero, donde Garamendi comunicó a Cuerva su intención de respaldar a un candidato alternativo. La discrepancia fundamental radica en la visión de la relación entre Cepyme y CEOE. Garamendi aboga por una relación “más jerárquica y vertical”, mientras que Cuerva ha defendido una mayor autonomía para la organización de las pymes. Esta diferencia de criterio ha desencadenado una lucha de poder que se ha hecho pública con motivo de las elecciones. Cabe destacar que la CEOE, como organización paraguas, engloba a Cepyme y otras asociaciones sectoriales y territoriales, representando los intereses de las empresas españolas a nivel nacional e internacional. La reforma laboral de 2012, por ejemplo, es un hito en el que la CEOE jugó un papel clave en la negociación con el Gobierno y los sindicatos. Además, las elecciones en la CEOE se celebran cada cuatro años, y en ellas participan representantes de todas las organizaciones miembro, incluyendo Cepyme.
La eliminación del voto delegado se percibe como una medida para contrarrestar la influencia de Garamendi en las elecciones. Según fuentes patronales, existían temores de que el presidente de CEOE pudiera acumular un número significativo de votos delegados a favor de su candidato, lo que distorsionaría el resultado final. Cepyme defiende la legalidad de la modificación, basándose en un informe jurídico que argumenta que la falta de límites en la delegación de votos podría comprometer los principios democráticos de la organización. Es crucial entender que el voto delegado permite a un miembro de la asamblea electoral transferir su derecho a voto a otro miembro, quien lo ejerce en su nombre. Este mecanismo, aunque legal, puede ser susceptible de manipulación si no se establecen límites claros. La tensión entre Cepyme y CEOE se produce en un momento económico clave, con la inflación y la subida de tipos de interés impactando especialmente a las pymes, que necesitan un liderazgo fuerte y estable para afrontar los retos del mercado.
