La situación en Loreto se agrava con la retención de embarcaciones que transportaban petróleo en el río Corrientes, un incidente que subraya la creciente tensión entre las comunidades indígenas y las operaciones de hidrocarburos en la región. Este conflicto se enmarca en un contexto más amplio de preocupaciones ambientales y demandas socioeconómicas no resueltas, que exigen una atención urgente por parte de las autoridades competentes. La actividad extractiva en la Amazonía peruana, si bien es crucial para la economía nacional, a menudo genera controversias por sus impactos en el medio ambiente y las poblaciones locales, quienes dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia.
Según la investigación publicada por Gestión, al menos cuatro embarcaciones fueron retenidas por miembros de una comunidad indígena en el río Corrientes, departamento de Loreto, un hecho que Petroperú vincula directamente con un reciente derrame de petróleo.
La empresa estatal Petroperú reportó que las embarcaciones, operando bajo concesión, transportaban tanto crudo como equipos para actividades mineras. La comunidad indígena, identificada como perteneciente a la zona cercana a Sinchi Roca, justifica la retención como medida de presión ante la falta de respuesta a sus demandas, principalmente una compensación económica para financiar un proyecto local. Específicamente, exigen una transferencia de 150 mil soles, una suma que, según Petroperú, excede el ámbito de sus responsabilidades directas.
Las tripulaciones de las embarcaciones afectadas han solicitado la intervención de diversas entidades estatales, incluyendo el Ministerio de Energía y Minas, la Defensoría del Pueblo y la Marina de Guerra del Perú. Su petición refleja la urgencia de resolver el conflicto y garantizar la seguridad de las personas y los bienes involucrados. La situación se torna más compleja debido a las acusaciones mutuas entre la comunidad y Petroperú respecto a la responsabilidad por los derrames de petróleo.
El último derrame reportado ocurrió el 19 de mayo, cuando se detectó una perforación en el kilómetro 315 del oleoducto norperuano. Este incidente, sumado a otros tres atentados contra el oleoducto en lo que va del año, ha generado una creciente preocupación sobre la seguridad de la infraestructura y el impacto ambiental de las operaciones petroleras en la zona. El 27 de mayo, Petroperú denunció un nuevo atentado, causado por la manipulación de una grapa instalada previamente como parte de una reparación, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura y la persistencia de actos vandálicos.
La falta de un diálogo efectivo entre las partes involucradas dificulta la resolución del conflicto. La mediación de las autoridades competentes se vuelve crucial para establecer un espacio de negociación que permita abordar las preocupaciones de la comunidad y garantizar la continuidad de las operaciones petroleras de manera responsable y sostenible. Hasta el momento, los esfuerzos para restablecer el diálogo no han dado resultados concretos, prolongando la incertidumbre y la tensión en la región.
