La muerte de una ciudadana en un accidente de tránsito no puede convertirse en una estadística más ni, peor aún, en un expediente mal armado que termina favoreciendo al responsable. El caso ocurrido el 15 de junio en Huánuco, que acabó con la vida de María Elizabeth Rojas de Mendoza, expone con crudeza una cadena de omisiones que no solo enlutan a una familia, sino que erosionan la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
No se trata únicamente de un choque entre una camioneta y una mototaxi. Se trata de cómo, desde el primer momento, la investigación fiscal habría dejado cabos sueltos esenciales: pericias inexistentes, certificados médicos que nunca se incorporaron y una calificación deficiente de los delitos imputados. El resultado es alarmante: la liberación de quien conducía el vehículo que causó la tragedia, amparada en tecnicismos que pudieron evitarse con un trabajo diligente y profesional.
Que una investigación de esta magnitud carezca de un peritaje de velocidad, de información clara sobre los límites permitidos en la vía o de resultados toxicológicos oportunos no es un detalle menor. Son piezas fundamentales para determinar responsabilidades penales. Su ausencia no solo debilita el caso, sino que abre la puerta a interpretaciones favorables al imputado, dejando a la víctima y a su familia en una situación de absoluta indefensión.
Más grave aún es el contexto que rodea el hecho. El recorrido previo al impacto mortal, con otros accidentes y sin que el conductor se detuviera a auxiliar, plantea serias dudas sobre la calificación de homicidio culposo. La discusión sobre un posible dolo eventual no es un exceso retórico, sino una reflexión jurídica que merece ser evaluada con rigor, especialmente cuando se conocía un diagnóstico médico previo que podría haber impedido la conducción.
Este caso no debe analizarse como un episodio aislado. Refleja una problemática estructural: la falta de preparación especializada de fiscales en accidentes de tránsito con consecuencias fatales. Cuando la investigación es débil, la justicia no solo llega tarde, sino que llega mal. Y cuando eso ocurre, el mensaje para la sociedad es devastador: la vida puede perderse y la responsabilidad diluirse entre papeles incompletos.
La familia de la víctima ha decidido constituirse como actor civil y exigir que el proceso se conduzca con mayor seriedad. Ese paso no solo busca una reparación, sino sentar un precedente. Huánuco no puede acostumbrarse a que las muertes en las vías terminen en impunidad por errores evitables.
La justicia no se mide solo por sentencias, sino por la calidad de las investigaciones que las sustentan. Cuando estas fallan, el daño no es solo legal, es moral. Y en este caso, la sensación es clara: a la víctima no solo la atropelló un vehículo, también la atropelló un sistema que no estuvo a la altura de su deber.
