Denesy Palacios Jiménez.
Jorge Basadre, en su último libro titulado “Sultanismo, corrupción y dependencia en el Perú republicano”; editado por Carlos Milla Batres, post mortem. En su enfoque, el historiador emplea dos conceptos explícitamente tomados de Max Weber. Basadre sostiene que el Estado peruano independiente continuó siendo patrimonialista, como lo había sido el antiguo imperio español. Esto significa que el Estado es regido a través de dones del gobernante y no por leyes válidas para todos. Aunque se mantenga la ficción de la existencia de leyes, porque en la práctica las reglas valen sólo para los comunes, mientras que los privilegiados reciben sustanciosas ventajas. De ahí el dicho, “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
Considerando que la corrupción afecta a toda la sociedad, es necesaria una cruzada ética contra este flagelo, y la adopción de medidas que penalicen cualquier acto de corrupción, Pues la corrupción acarrea pérdidas al país por más de S/12 000 millones al año, según la Defensoría del Pueblo y se tiene 32 900 casos en trámite desde el año 2016, de ellos más de la mitad corresponden a funcionarios de gobiernos regionales, provinciales y distritales.
El propósito que persigue la Oficina de Responsabilidad Social, de la Escuela Profesional de Sociología de la Unheval, es invitar a adoptar una política integral de lucha contra la corrupción, basada en el principio de responsabilidad compartida con la ciudadanía, y como primera casa superior de estudios, plantear esta cruzada, que tiene como objetivos:
- A) Enfatizar los principios éticos, que refuercen el cumplimiento de nuestras autoridades, en el ejercicio de sus funciones sin tener que cometer actos reñidos contra las buenas costumbres, o en función a intereses particulares
- B) Tener un espacio de divulgación del Plan Anticorrupción de Proética de Amnistía Internacional.
- C) Promover la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la independencia del Sistema Nacional de Control.
- D) Desarrollar una cultura de paz, de valores democráticos y de transparencia, que acoja los reclamos genuinos y pacíficos de los distintos sectores de la sociedad.
- E) Contribuir a desterrar la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos.
- F) Promover una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influencias, el nepotismo; el narcotráfico, la evasión tributaria y el lavado de dinero.
Por lo que proponemos:
1.- Elaborar e implementar un plan anticorrupción, que deberá ser producto de la participación adecuada de las principales instituciones del sector público, sector empresarial y de la sociedad civil, involucradas en la lucha anticorrupción. El gobernador regional asumirá el papel protagónico, y se designará presupuesto y logística para dicho fin.
2.- Fortalecer y mejorar la transparencia y acceso a la información pública, a través de la actualización de transparencia estándar de acuerdo a ley. Implementación de mecanismos innovadores de transparencia y acceso a la Información pública, envío oportuno a los portales Seace e Infobras, en forma oportuna y veraz sobre contrataciones y obras públicas, de empresas, personas, bienes y servicios. Así mismo contar con un registro de visitas y agendas de las autoridades.
3.- Implementar audiencias públicas sectoriales de rendición de cuentas que respondan efectiva y oportunamente a las demandas de la población. Los gobiernos regionales deberán prever cuántas audiencias públicas sectoriales se realizarán, según el número y tipo de gerencias o direcciones regionales, propias de cada entidad; así mismo plazos, duración, convocatoria y otros.
4.- Priorizar la incorporación de funcionarios acorde a Servir.
5.- No contratar a funcionarios que hayan tenido proceso o actos reñidos, acorde al DL 1243
6°.- Difundir el Código de Ética de la Función Pública y para ello asignar recursos y competencias.
7.- Publicar y mantener actualizadas las declaraciones juradas de intereses de las autoridades y altos funcionarios en los portales web, deberá regularse a través de una ordenanza, para que los altos funcionarios presenten ante su entidad una Declaración Jurada de Intereses que contengan información relativa a sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo.
