La presidenta Dina Boluarte promulgó un decreto supremo que reforma la Ley de Migraciones, otorgando mayores facultades a la Superintendencia Nacional de Migraciones para acceder a los datos personales de ciudadanos extranjeros. Esta medida, impulsada en el marco de la lucha contra la criminalidad, se enfoca principalmente en la comunidad de migrantes venezolanos, como lo destacó la mandataria en su discurso.
Boluarte señaló que se exigirá a los extranjeros, especialmente a los venezolanos, presentar su contrato de trabajo y de alquiler, además de realizar un seguimiento de las remesas que envían fuera del país para verificar el origen de sus ingresos. La nueva norma obliga a hospedajes y arrendatarios a registrar información detallada de sus huéspedes o inquilinos extranjeros, incluyendo nacionalidad, fecha de nacimiento, nombres completos y fecha de salida, y comunicarla a Migraciones. Quienes no cumplan con estas disposiciones podrán ser sancionados con multas de hasta 2 UIT (S/ 10,300).
El superintendente de Migraciones, Armando García, indicó que la norma busca fortalecer la seguridad nacional, ayudando a los propietarios a identificar a quién están alquilando. Esta reforma es una respuesta ante el creciente uso de propiedades alquiladas por grupos de extranjeros para actividades delictivas. Según un informe de Renato Silva para Infobae.
No obstante, la medida ha sido criticada por figuras como el exministro del Interior, Rubén Vargas, quien la calificó de “populista”. Vargas sostuvo que el gobierno de Boluarte busca el “aplauso fácil” con estas iniciativas, en lugar de desarrollar una estrategia real para frenar el crimen. Además, advirtió sobre la dificultad de implementar estas exigencias en un país donde la informalidad laboral afecta a más del 70% de la población, sugiriendo que el foco debería estar en combatir las economías ilegales que alimentan la criminalidad, como el narcotráfico en zonas como el VRAEM.
