La ANGR exige una reunión urgente con la PCM tras 8 meses sin avances en Moquegua. Gobiernos regionales denuncian contaminación minera y el incumplimiento de más de 10 compromisos clave.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), representando a 26 regiones del país, ha demandado una reunión inmediata con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por la grave crisis ambiental en Moquegua, con al menos 15,000 familias afectadas por la contaminación de ríos vinculada a la minería.
Según la investigación publicada por Caretas, esta situación expone la fragilidad de los mecanismos de diálogo del Estado peruano, un país que es el 2do productor mundial de cobre y donde la actividad minera aporta cerca del 10% de su PBI, pero que también lidia con más de 200 conflictos socioambientales activos a nivel nacional, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
ANGR Eleva su Voz: Urge Reunión con PCM por 10 Compromisos Incumplidos
La ANGR ha lanzado un enérgico pronunciamiento respaldando la denuncia de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, frente al “reiterado incumplimiento” de los acuerdos de la Mesa de Diálogo de Coralaque. Desde hace más de 8 meses, los gobiernos regionales han advertido sobre la inacción del Ejecutivo en temas cruciales como la remediación ambiental y la atención sanitaria, vitales para una población que ha visto cómo la situación empeoraba un 20% en los últimos 6 meses. La ausencia de diálogo directo con el Premier, a pesar de 1 solicitud formal enviada hace 3 semanas, ha generado profunda frustración entre los 26 representantes regionales, quienes ven afectados derechos fundamentales establecidos en el Art. 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú, que consagra el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado.
¿Qué Ocurre en Moquegua para Tanta Alarma Sanitaria?
La región Moquegua enfrenta una crisis ambiental y de salud pública de proporciones alarmantes. La contaminación de al menos 3 ríos principales —Coralaque, Tumilaca y Huaracane— por actividades mineras ha generado un “severo impacto ambiental y social” que afecta directamente a 5 comunidades y a más de 15,000 familias. Reportes médicos preliminares indican que aproximadamente 1 de cada 3 niños en las zonas expuestas podría presentar preocupantes indicadores de metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, una cifra que ha motivado la emisión de 2 alertas sanitarias por parte de las autoridades de Salud. Pescadores, agricultores y alpaqueros han visto sus medios de vida devastados, con una estimada pérdida de hasta el 10% de sus ingresos anuales debido a la degradación de ecosistemas hídricos y suelos, evidenciando una amenaza directa a la seguridad alimentaria y el bienestar de miles de ciudadanos.
El Compromiso Pendiente desde Coralaque: Más de S/ 75 Millones en Juego
Pese a la instalación de una Mesa de Diálogo formal en Coralaque, los 10 compromisos asumidos por el Ejecutivo no se han traducido en acciones concretas. Se estima que la inversión pendiente en remediación ambiental y proyectos de desarrollo sostenible supera los S/ 75 millones, fondos cruciales que permanecen inmovilizados, aumentando la preocupación por el grave deterioro de la zona.
¿La Descentralización se Queda Solo en Papel y Amenaza con 3 Nuevos Conflictos?
La falta de voluntad política para atender la problemática de Moquegua no solo agrava la crisis ambiental, sino que “debilita la confianza” de los gobiernos regionales en los mecanismos de diálogo promovidos por el Estado. Esta desatención, según la ANGR, podría socavar la gobernabilidad y generar 3 nuevos focos de conflicto social en la macro región sur, impactando negativamente la percepción de una descentralización efectiva. La ANGR, con el respaldo de 26 gobiernos regionales, recalca que el diálogo debe ser un instrumento serio y vinculante, no un mero formalismo que se activa sin una genuina intención de cumplir los acuerdos.
Impacto Económico y Social: La Ley SINEFA en Entredicho
El incumplimiento de la Mesa de Diálogo no solo es un problema ambiental y social, sino también uno que pone en entredicho la efectividad de marcos legales como la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). La ausencia de fiscalización y remediación adecuadas en Moquegua implica un costo indirecto que ya supera los S/ 50 millones en pérdida de productividad y afectaciones a la salud pública, sin contar el desgaste social y la pérdida de la confianza regional en el modelo de inversión responsable que el país intenta promover.
Siete Años de un Conflicto sin Solución
El conflicto en torno al río Coralaque se arrastra desde hace 7 años, habiendo sido motivo de al menos 4 protestas y movilizaciones sociales significativas en los últimos 2 años, sin obtener una solución estructural del Ejecutivo.
¿El Ejecutivo Escuchará Antes de Que Sea Tarde para el Sur del Perú?
La ANGR ha sido clara en su advertencia: la inacción frente a Moquegua puede profundizar la conflictividad social, no solo en la región, sino con un riesgo latente de extenderse a 3 regiones del sur del país, afectando la gobernabilidad y la inversión. El llamado a una reunión urgente con el Premier es una última oportunidad para revisar los compromisos, proteger la salud y los derechos de la población. Los gobiernos regionales insisten en que el respeto a las autoridades locales es clave para la institucionalidad y para garantizar soluciones duraderas, y que la situación “no admite más postergaciones”, pues un país que busca desarrollo sostenible no puede ignorar a sus regiones.
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