Con 60 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones, el Congreso de la República decidió censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, en medio de una creciente crisis en el sector energético y minero del país. La medida, impulsada principalmente por la bancada fujimorista, responde a su manejo de la grave situación financiera en Petroperú y los cuestionamientos a la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE), que no ha logrado resolver la formalización de los mineros informales.
Crisis en Petroperú: un problema estructural
Uno de los puntos centrales que motivaron la censura de Mucho fue su gestión frente a la crisis financiera de Petroperú. La petrolera estatal enfrenta serios problemas de solvencia debido a una combinación de factores, entre los que destacan:
- Injerencia política y sindical, que ha limitado la capacidad de la empresa para tomar decisiones estratégicas.
- Retrasos en la estabilización de la Nueva Refinería de Talara, un proyecto multimillonario que aún no ha generado los beneficios esperados.
- Sobrendeudamiento, que ha impactado negativamente en la solvencia y liquidez de la empresa.
En septiembre pasado, tras la renuncia del directorio de Petroperú, el Gobierno anunció medidas extraordinarias, como la capitalización de la empresa por un equivalente en soles a 750 millones de dólares. Estas acciones se enmarcan en el Decreto de Urgencia Nº 010-2022, que busca garantizar la sostenibilidad de la empresa. Sin embargo, los congresistas criticaron la falta de transparencia en las designaciones del directorio, señalando que estas prácticas evidencian una gestión poco idónea del sector energético.
Ley MAPE: un proyecto cuestionado
Otro motivo clave detrás de la censura fue la polémica en torno a la Ley MAPE, que busca regularizar a los mineros artesanales e informales mediante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Desde su implementación en 2012, más de 70.000 mineros se han inscrito, pero menos del 15% ha logrado culminar el proceso de formalización.
Los legisladores señalaron que la ley no aborda de manera integral los problemas estructurales del sector minero informal, lo que ha generado un descontento creciente entre los mineros, quienes exigen que se amplíe el plazo del Reinfo y se adopten medidas más inclusivas. La falta de soluciones concretas por parte del Ministerio de Energía y Minas fue considerada como un signo de ineficacia en la gestión de Rómulo Mucho.
El camino hacia la censura
La moción de censura fue presentada oficialmente por la bancada de Fuerza Popular el 20 de noviembre, exigiendo explicaciones sobre la falta de avances en Petroperú y la Ley MAPE. Durante el debate, varios congresistas destacaron la incapacidad del ministro para tomar decisiones clave en momentos críticos.
Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, argumentó que la crisis de Petroperú y la falta de resultados en la formalización minera afectan directamente la economía del país y debilitan la confianza en las instituciones.
“Estamos hablando de un sector estratégico para el desarrollo del Perú. No podemos permitir que la inacción y las decisiones equivocadas sigan poniendo en riesgo a nuestra principal empresa petrolera y a miles de familias que dependen de la minería artesanal”, señaló Rospigliosi.
El ministro en la cuerda floja: un intento por mantenerse en el cargo
A pocas horas de la votación, Rómulo Mucho admitió en una entrevista con Canal N que había considerado renunciar en más de una ocasión debido a la presión y los retos de su puesto. “Siempre estamos sujetos a evaluación. En algún momento estuve a punto de dar un paso al costado. Las tareas son enormes, son muchas”, confesó.
Sin embargo, el ministro también destacó su buena relación con el Congreso y pidió a los legisladores reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. “Agradezco a la presidenta por haberme invitado a servir. Sigo con mi camino y quizás después retorne”, expresó, dejando entrever su disposición a colaborar en el futuro desde otras posiciones.
Reacciones tras la censura
La censura de Rómulo Mucho ha generado reacciones diversas entre los actores políticos y la ciudadanía. Mientras algunos consideran que la medida era necesaria para exigir mayor responsabilidad en la gestión de sectores clave como la energía y la minería, otros cuestionan si la decisión responde más a intereses políticos que a un análisis técnico de su desempeño.
La presidenta Dina Boluarte enfrenta ahora el reto de encontrar un reemplazo capaz de afrontar los desafíos pendientes en el sector, incluyendo la recuperación financiera de Petroperú y el diseño de una estrategia efectiva para formalizar a los mineros informales.
Petroperú: el desafío de la sostenibilidad
La situación de Petroperú sigue siendo crítica. Aunque el Gobierno ha negado en reiteradas ocasiones que la empresa vaya a ser privatizada, la falta de liquidez y los problemas estructurales han generado incertidumbre sobre su futuro. La construcción de la Nueva Refinería de Talara, considerada uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa, ha enfrentado múltiples retrasos y sobrecostos, lo que ha aumentado la presión sobre sus finanzas.
Para los expertos, garantizar la sostenibilidad de Petroperú requiere no solo medidas inmediatas de apoyo financiero, sino también reformas estructurales que reduzcan la influencia política y sindical en su gestión.
Ley MAPE: una deuda pendiente con los mineros artesanales
El fracaso del proceso de formalización minera pone en evidencia la desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales de los mineros informales. La Ley MAPE, aunque bien intencionada, no ha logrado resolver los obstáculos administrativos y económicos que enfrentan los mineros para cumplir con los requisitos de formalización.
Organizaciones de mineros han exigido una revisión integral de la normativa, advirtiendo que la falta de soluciones podría llevar a un aumento de la minería ilegal y sus consecuencias ambientales y sociales.
Conclusión
La censura de Rómulo Mucho representa un momento crítico para el gobierno de Dina Boluarte, que deberá demostrar su capacidad para manejar crisis en sectores estratégicos. La gestión de Petroperú y la formalización minera son desafíos que requieren liderazgo, transparencia y un enfoque integral para recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar el desarrollo sostenible del país.
El Congreso ha enviado un mensaje claro sobre la necesidad de mejorar la gestión pública, pero el verdadero reto será transformar estas críticas en acciones concretas que beneficien a todos los peruanos.
