La crisis interna en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Wasi Mikuna, y por extensión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se agudizó con la renuncia de tres altos funcionarios adicionales a la dimisión de la exdirectora Nadya Villavicencio Callo. La salida de Villavicencio se produjo 13 días después de ser desautorizada públicamente por la ministra Leslie Urteaga, tras una medida de emergencia que buscaba garantizar la alimentación de millones de escolares.
La controversia comenzó el 16 de abril, cuando Urteaga ordenó suspender la entrega de alimentos en las escuelas debido a múltiples episodios de intoxicación que afectaron a unos 300 estudiantes. Ante el riesgo de dejar sin comida a más de 4.2 millones de niños, Villavicencio impulsó el reparto de canastas familiares como solución temporal. Sin embargo, el mismo día en que se anunció esta estrategia, la ministra la anuló, generando una ruptura institucional.
La salida de Villavicencio provocó un efecto dominó: también renunciaron Víctor Farfán Reyes, jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones; Florita Chávezarroyo Mauricio, jefa de Supervisión y Monitoreo; y Jedy Tejada Bernal, asesora de la dirección ejecutiva del programa.
Durante su presentación ante el Congreso el 6 de mayo, la ministra Urteaga informó que las intoxicaciones ocurrieron entre marzo y abril, señalando a 34 consorcios y 4 empresas proveedoras como presuntos responsables. No obstante, aún no existen pruebas de laboratorio concluyentes que vinculen los alimentos —especialmente enlatados de pescado, pollo y pavita— con los malestares.
Como reemplazo provisional de Villavicencio fue designado Willman Ardiles Alcázar, mientras que Elmer Ramírez Yuzzelli asumirá el puesto de Chávez Arroyo. El clima de inestabilidad persiste en un programa clave que busca garantizar la alimentación escolar en todo el país.
