El próximo lunes 6 de octubre se ha convertido en una fecha clave para la región centro del país. Mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, asegura que comenzará los trabajos de recuperación de la transitabilidad en la carretera Chicrín-Ambo y Puente Rancho–Km 65, los transportistas de la zona han confirmado que ese mismo día iniciarán un paro indefinido en rechazo al mal estado de las vías y la falta de respuestas efectivas a sus reclamos.
De un lado, las autoridades hablan de inversión y ejecución inmediata en siete puntos críticos; del otro, los dirigentes de transporte advierten que la paciencia se agotó y que la población está cansada de promesas incumplidas. El contraste entre ambos discursos ha generado incertidumbre y expectativa en la ciudadanía, que observa cómo el conflicto amenaza con afectar seriamente la movilidad y la economía local.
Transportistas anuncian paro desde la medianoche del domingo
En asamblea, representantes de empresas de transporte interprovincial y gremios de conductores confirmaron que el paro se iniciará a partir de las 00:00 horas del lunes 6 de octubre. Según expresaron, la medida se justifica en la crítica situación de las vías, especialmente en el tramo de Tingo María, donde señalan que la carretera está en condiciones intransitables.
Uno de los dirigentes consultados indicó que la decisión de movilizarse no fue improvisada, sino el resultado de varios intentos fallidos de diálogo. “Ya conseguimos apoyo de la prensa y de asesores legales. No es un reclamo solo de los transportistas, también de los usuarios que a diario arriesgan su vida en estas carreteras”, manifestó. De acuerdo con sus palabras, la medida busca presionar al Estado para que ejecute acciones concretas y no se limite a anuncios en el papel.
Los dirigentes recalcaron que la protesta no admite postergaciones y que se mantendrán firmes hasta obtener compromisos claros. La acción de fuerza ha sido comunicada a las bases en diferentes provincias, lo que anticipa bloqueos en puntos estratégicos de la red vial.
Provías Nacional anuncia inicio de obras en siete tramos críticos
Mientras los gremios de transporte afirman que no hay avances, Provías Nacional difundió una convocatoria oficial en la que invita a empresas a presentar ofertas para ejecutar el “Servicio de recuperación de la transitabilidad en sectores críticos de la carretera Cricrín-Ambo/Puente Rancho–Km 65+000”. El procedimiento se ampara en la Resolución Ministerial N° 515-2025-MTC/01.02, que declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en los tramos afectados.
Según el documento, la entidad ha destinado S/ 17,189,585.38 para atender de manera directa los daños en la infraestructura vial. Debido a la situación de emergencia, la contratación se realiza por un mecanismo no competitivo, sin etapa de consultas ni observaciones, lo que permitirá iniciar las labores de forma inmediata.
Provías especificó que los trabajos se concentrarán en los puntos más críticos de la red no concesionada, donde se han identificado problemas que comprometen la seguridad de los usuarios. Además, recordó que la presentación de propuestas vence el 6 de octubre en su sede de Lima, lo que marca oficialmente el arranque de los procedimientos.
Comisión de Fiscalización respalda ejecución inmediata
A la versión institucional se sumó el pronunciamiento de Víctor Zevallos, presidente de la Comisión de Gestión y Fiscalización de la Carretera Central. El dirigente aseguró que Provías le confirmó el inicio de las obras el mismo 6 de octubre en siete sectores de alto riesgo. Según comunicó, el objetivo es garantizar la transitabilidad y reducir los accidentes que han afectado a transportistas y pasajeros.
Zevallos resaltó que la intervención será progresiva y que el presupuesto asignado permitirá atender los tramos más urgentes. Sin embargo, no precisó los plazos de culminación ni la duración de las labores, lo que deja aún dudas en la población sobre la efectividad de la medida. El congresista insistió en que esta vez sí existe un compromiso firme de Provías y que se dará seguimiento a la ejecución para evitar nuevas postergaciones.
Un lunes decisivo para la región centro
La dualidad entre paro y obras programadas coloca a la carretera central en el centro del debate público. De un lado, se espera maquinaria desplegada en siete tramos críticos; del otro, piquetes de transportistas reclamando soluciones inmediatas. El resultado de esta jornada dependerá de la capacidad de las autoridades para demostrar con hechos que la emergencia declarada no es un simple trámite administrativo, sino una verdadera respuesta a años de abandono.
El lunes se perfila como una prueba de fuego: si las obras no comienzan, la protesta cobrará mayor legitimidad; si, por el contrario, la maquinaria inicia labores, quedará por ver si la ciudadanía y los transportistas otorgan un voto de confianza o mantienen la presión en las carreteras. En cualquier escenario, lo que está en juego es mucho más que un tramo de vía: se trata de la credibilidad del Estado frente a una población que ya no acepta promesas vacías.
Ciudadanía atrapada entre la protesta y las promesas
La superposición de fechas ha generado un escenario de incertidumbre. Mientras las autoridades hablan de inicios inmediatos, los gremios de transporte ratifican su decisión de bloquear vías y suspender el servicio. En medio de la confrontación, miles de ciudadanos que dependen de la carretera central para movilizarse hacia Huánuco, Pasco y Lima observan con preocupación lo que pueda ocurrir desde este lunes.
Los antecedentes no son alentadores. La región ha sido escenario frecuente de anuncios de obras que no se concretan o que se paralizan por falta de presupuesto o problemas técnicos. Por ello, los transportistas afirman que no confían en los comunicados oficiales y que la única forma de garantizar resultados es mediante la presión social.
Para la ciudadanía, el dilema es claro: confiar en que Provías cumpla con el inicio de trabajos o sumarse a la protesta para asegurar que las promesas se transformen en realidades. Lo cierto es que el 6 de octubre marcará un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los gremios de transporte en el centro del país.
