El Ministerio Público, pilar fundamental del sistema de justicia peruano, se encuentra sumido en una profunda crisis institucional. La pugna por el cargo de Fiscal de la Nación ha escalado a niveles sin precedentes, poniendo en entredicho la estabilidad y autonomía de la institución. Esta controversia ocurre en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones estatales y en medio de investigaciones complejas que involucran a figuras políticas de alto nivel. La situación se agrava con la intervención de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuya actuación ha generado controversia y cuestionamientos sobre su imparcialidad y legalidad.
Según la investigación publicada por El Comercio, la tarde del lunes, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció un intento de desalojo forzoso de su cargo, después de que Patricia Benavides Vargas irrumpiera en las instalaciones del Ministerio Público buscando retomar el control de la institución.
El incidente, ocurrido alrededor de las 8:18 de la mañana, se desencadenó a raíz de una resolución emitida por la JNJ que anuló la destitución de Benavides como fiscal suprema titular y ordenó la reposición de Espinoza en el cargo. Benavides, acompañada de su abogado Juan Peña, personal de seguridad y otros individuos, ingresó al edificio sin registrar su visita y se dirigió directamente al noveno piso, donde se encuentra el despacho de la Fiscalía de la Nación. Este accionar, según fuentes internas del MP, generó un clima de tensión e incertidumbre entre los trabajadores de la institución.
La destitución de Benavides, recordemos, se produjo en mayo de 2024 por la JNJ, tras ser hallada responsable de faltas graves que afectaban la imagen y el funcionamiento del Ministerio Público, principalmente por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Emma Benavides. Tras una reconsideración rechazada en octubre del mismo año, la decisión quedó firme. Días antes del incidente, Benavides había enviado un oficio a Espinoza solicitándole abstenerse de realizar cualquier acto como Fiscal de la Nación, basándose en la resolución emitida a su favor por la JNJ.
Un video captado por cámaras de seguridad muestra a Benavides intentando forzar la entrada al despacho de la Fiscalía de la Nación, donde se encontraba Espinoza Valenzuela, quien se negaba a permitirle el acceso. La seguridad del MP impidió que Benavides ingresara, lo que provocó que la exfiscal se apostara en la puerta por varias horas. Esto impidió que la fiscal Espinoza presidiera la Junta de Fiscales Supremos, que tenía previsto reunirse para analizar la situación de la institución. La resolución de la JNJ no había sido notificada formalmente, lo que generó aún más confusión y controversia.
Posteriormente, Benavides optó por retirarse de la puerta del despacho y esperar en la recepción. También se quitó la medalla que la identificaba como fiscal suprema titular. A pesar de que el registro electrónico de la JNJ mostraba a Benavides como fiscal “activa”, la resolución que le restituía el título no se había hecho pública oficialmente y aún mostraba las sanciones de suspensión y destitución impuestas con anterioridad. La Fiscalía de la Nación devolvió el oficio a la JNJ, argumentando que debía ser notificado con la firma de todos los integrantes del pleno que participaron en la decisión.
La Junta de Fiscales Supremos, ante la gravedad de la situación, se declaró en “sesión permanente” para tomar decisiones y actuar sin necesidad de convocatorias formales. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en mensajes dirigidos a la sociedad y a los fiscales y trabajadores de su institución, denunció las “argucias legales y mecanismos torcidos” que intentan imponerle y advirtió sobre un posible “golpe” al estado democrático. Alertó también sobre la intención de retirarle su seguridad personal y responsabilizó al Ministerio del Interior por su seguridad y la de los demás fiscales y trabajadores.
