El presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), Patricio Maldonado, ha emitido un llamado urgente a la acción tras el asesinato de dos alcaldes en menos de una semana, subrayando una crisis de seguridad que amenaza a todos los líderes municipales del país. Los recientes homicidios de los alcaldes José Sánchez de Ponce Enriquez y Jorge Maldonado de Portovelo, ambas ciudades situadas en regiones ricas en recursos minerales, han destacado la peligrosa infiltración del crimen organizado en la minería ilegal.
Los asesinatos ocurrieron en la víspera de un referéndum constitucional clave, en un momento en que Ecuador también enfrenta una severa crisis energética con apagones diarios. La situación ha aumentado la presión sobre el gobierno del presidente Daniel Noboa, que se prepara para una consulta popular que busca fortalecer las herramientas legales y constitucionales para controlar la seguridad. Sin embargo, ninguna de las 11 preguntas del referéndum aborda directamente el problema de la minería ilegal, a pesar de la evidente vinculación de la actividad con el crimen organizado.
La situación ha llevado a la AME a solicitar al gobierno que evalúe los riesgos a los que se enfrentan los 221 alcaldes del país y que se acelere la asignación de protección policial. Hasta ahora, sólo 30 alcaldes han recibido algún tipo de resguardo policial, y el gobierno ha citado limitaciones económicas como un obstáculo para extender la protección. Esta falta de recursos ha sido criticada por la comunidad, especialmente después de que el crimen organizado asesinara a Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, en lo que se ha calificado como la campaña electoral más violenta en la historia del país.
