La seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación acuciante en Perú, impulsando al Congreso a acelerar el debate de proyectos legislativos clave, pese a las críticas sobre su eficacia frente a la galopante criminalidad. El estado de emergencia decretado en Lima y Callao no ha logrado contener el avance delictivo, generando un clima de incertidumbre y exigiendo respuestas inmediatas por parte del poder legislativo. La reciente interpelación al Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, subraya la presión política ante la creciente ola de inseguridad.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Pleno del Congreso ha programado para este jueves 10 de abril el análisis de varios dictámenes y proyectos de ley relacionados con la seguridad ciudadana, confirmando la ampliación de la agenda y la exoneración del plazo de publicación de algunas propuestas para su pronta discusión.
La decisión del Congreso se produce en un contexto marcado por un paro de transportistas, quienes exigen medidas contundentes contra la extorsión y el sicariato, delitos que han impactado severamente al sector. Esta protesta, que ha paralizado parcialmente el transporte, refleja el hartazgo de la ciudadanía ante la incesante criminalidad. La situación se agrava por la percepción de que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado mitigar la amenaza que enfrentan diariamente los emprendedores y la población en general.
Expertos como Frank Casas advierten que las iniciativas legislativas en discusión, aunque buscan endurecer las penas y facilitar la labor policial, se centran principalmente en un enfoque reactivo, descuidando la prevención del delito. Casas subraya la necesidad de abordar las causas subyacentes de la extorsión, como el mercado ilegal de celulares, donde las operadoras de telefonía tienen un papel crucial. De igual manera, cuestiona la idoneidad de equipar al serenazgo con armas de electrochoque sin una adecuada capacitación y supervisión, considerando las deficiencias existentes en la gestión de estos cuerpos de seguridad en muchos distritos.
Por otro lado, Noam López, especialista en Ciencia Política y Gobierno, valora positivamente la creación de un Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, que busca agilizar los procesos judiciales en casos de delitos comunes. Sin embargo, advierte que su eficacia dependerá de la asignación de recursos adecuados y una coordinación efectiva entre los operadores de justicia. López también considera favorable la tipificación del delito de amenaza en el Código Penal, pero critica la propuesta de expulsión rápida de extranjeros delincuentes, por considerar que podría generar discriminación y afectar a personas inocentes.
La propuesta de la Defensoría del Pueblo de restringir la circulación de motocicletas en ciudades en estado de emergencia, como medida para combatir el sicariato y otros delitos, ha generado controversia. Si bien la entidad argumenta que esta medida dificultaría el accionar de las bandas criminales, expertos como Ernesto Álvarez advierten que podría ser declarada inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales. Juan Carlos Sotil, por su parte, considera que cualquier restricción a las libertades individuales debe basarse en estudios técnicos rigurosos elaborados por la Policía Nacional o el Ministerio del Interior.
