La discusión sobre la implementación de la pena de muerte en Perú suma un nuevo defensor dentro del Ejecutivo: el ministro de Economía, José Arista. En una publicación reciente en su cuenta oficial en X, Arista destacó la necesidad de abrir el debate sobre esta medida como respuesta a los crecientes índices de criminalidad y delitos graves como feminicidios y violaciones a menores.
“Es momento de tomar decisiones firmes y abrir debate de la pena de muerte a violadores de menores de edad”, expresó Arista. Además, subrayó el impacto económico de la inseguridad ciudadana, que, según él, le cuesta al país el equivalente a dos puntos del PBI cada año.
El Ejecutivo respalda la discusión
Arista se une a las voces de la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el titular de Justicia, Eduardo Arana, quienes han manifestado su apoyo a la discusión sobre el restablecimiento de la pena capital. Durante un evento en la Fuerza Aérea del Perú, Boluarte declaró que es hora de considerar medidas drásticas frente a crímenes atroces:
“No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, enfatizó la mandataria.
Por su parte, Santiváñez propuso que la medida también se aplique a los sicarios, mientras que Arana reconoció que, aunque defiende el sistema interamericano de derechos humanos, considera necesario evaluar esta propuesta.
Obstáculos legales e internacionales
La posibilidad de implementar la pena de muerte en Perú enfrenta múltiples barreras legales e internacionales. El país es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, que restringe severamente la aplicación de la pena capital. Para avanzar con esta medida, Perú tendría que denunciar el tratado, una acción que podría socavar su reputación en la escena internacional.
Además, cualquier cambio en la legislación requeriría una reforma constitucional, que implica un proceso complejo y la aprobación del Congreso. Este escenario plantea desafíos significativos en un contexto político polarizado.
Postura del Poder Judicial
En contraste con el respaldo de algunos integrantes del Ejecutivo, las máximas autoridades del Poder Judicial se han pronunciado en contra de la pena de muerte. Janet Tello Giraldi, presidenta electa del Poder Judicial, y Javier Arévalo, actual titular de la entidad, han rechazado tajantemente la propuesta.
“Yo rechazo contundentemente la pena de muerte; creo que es algo que ya hemos superado y que no se puede restablecer en el Perú”, afirmó Arévalo. Por su parte, Tello recordó los compromisos internacionales asumidos por el país y llamó al diálogo para encontrar soluciones más efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
Un debate polarizado
La discusión sobre la pena de muerte en Perú ha polarizado a la sociedad. Mientras algunos sectores consideran que es una respuesta necesaria frente al aumento de la criminalidad, otros advierten sobre el riesgo de errores judiciales y la falta de imparcialidad en el sistema de justicia peruano.
Organismos internacionales y defensores de los derechos humanos han señalado que la pena de muerte no ha demostrado ser un mecanismo efectivo para disuadir el crimen. En su lugar, abogan por fortalecer las instituciones judiciales y mejorar los sistemas de prevención y rehabilitación.
Impacto económico de la inseguridad
El ministro José Arista también puso sobre la mesa el impacto económico de la inseguridad ciudadana, señalando que esta representa un costo anual significativo para el país. En el presupuesto de 2025, el gobierno ha asignado S/3,820 millones para acciones destinadas a reducir el crimen. Sin embargo, la efectividad de estas inversiones depende de la implementación de políticas integrales que combinen la represión del delito con estrategias de prevención y desarrollo social.
Reflexión final
El apoyo de José Arista y otros miembros del Ejecutivo al debate sobre la pena de muerte refleja la presión del gobierno por mostrar respuestas contundentes frente a la inseguridad y los crímenes graves. Sin embargo, este tema plantea desafíos éticos, legales e internacionales que requerirán un análisis profundo y consensuado.
Mientras la discusión avanza, queda por verse si el Perú está dispuesto a asumir los riesgos y las implicancias de esta medida en un contexto donde las soluciones a largo plazo parecen más urgentes que las respuestas inmediatas.
